San Juan, 31 jul (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo este viernes que la consulta sobre «Estadidad Sí o No» prevista para el 3 de noviembre próximo se celebrará.
Ello pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que no lo valida y que no dará el dinero necesario -2,5 millones de dólares- para su celebración.
En declaraciones a los medios tras visitar Mayagüez, localidad afectada por el paso de la tormenta tropical Isaías,
«El plebiscito va», dijo a la vez que se mostró convencida de que la «voluntad del pueblo va a ser oída en Puerto Rico, en el Congreso y donde sea. El voto de los puertorriqueños se va a escuchar en Washington».
La oposición en Puerto Rico ya reaccionó este jueves a la notificación enviada por el Departamento de Justicia de EE.UU. a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en la que comunica que no aprueba la asignación para celebrar la consulta sobre «Estadidad Sí o No» y dijo que se trata de una «crónica de una muerte anunciada».
Sin embargo, destacados miembros del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), como el presidente del Senado, Thomas Rivera, indicaron que es «bochornoso que pretendan obstaculizar el voto libre, secreto y democrático del pueblo de Puerto Rico para definir de forma permanente su condición política».
El 16 de mayo pasado, la gobernadora firmó una ley que da luz verde a la celebración de una consulta, no vinculante, sobre si la isla quiere ser o no un estado más de Estados Unidos y que coincidirá con las elecciones generales que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.
Se trata de la sexta consulta del estatus de la isla, desde 1952 un estado libre asociado de EE.UU., al unirse a otras cinco celebradas entre 1967 y 2017.
Al igual que los otros estados de EE.UU., Puerto Rico tiene su Constitución local, vigente desde 1952, sus ciudadanos tienen pasaporte estadounidense (desde 1917), cuenta con su gobernador y Poder Legislativo y está regido en última instancia por la autoridad del Congreso estadounidense, pero los puertorriqueños que viven en la isla, entre otras limitaciones, no pueden votar en las elecciones presidenciales de EE.UU.
