La medida crea un registro digital y autorización Street-Legal, mientras el Ejecutivo envía más de 15 proyectos adicionales a la Legislatura
SAN JUAN, Puerto Rico – La gobernadora envió a la Legislatura un proyecto para establecer un nuevo marco regulatorio para los vehículos todo terreno y de baja velocidad, una de las iniciativas centrales dentro de un amplio paquete de proyectos administrativos radicados en este ciclo legislativo.
La medida propone enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito para crear un sistema uniforme de registro digital con tablilla y marbete electrónico, clasificar formalmente los distintos tipos de vehículos todo terreno y carritos de golf, y autorizar su circulación en vías públicas mediante un endoso especial conocido como VTT Street-Legal. El proyecto establece requisitos de inspección, equipo de seguridad, seguro obligatorio y adiestramiento para los conductores.
Además, se fijan multas que pueden alcanzar los $5,000, confiscación de vehículos no registrados y penas de cárcel en casos donde el uso ilegal provoque lesiones graves o muertes. La propuesta también prohíbe la circulación de estos vehículos en áreas naturales protegidas y extiende a ellos las disposiciones sobre conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.
El proyecto incluye un periodo de amnistía de 120 días, prorrogable hasta 180, para que los propietarios puedan registrar sus vehículos sin penalidades, acompañado de campañas educativas coordinadas por el DTOP, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y la Policía.
Esta medida forma parte de un paquete más amplio de proyectos enviados por la gobernadora, que incluye la creación de un enlace municipal para atender casos de violencia doméstica y asuntos de la mujer; enmiendas a la Ley 54 para fortalecer la respuesta contra la violencia doméstica; aumentos de penas en casos de venganza pornográfica; y cambios a la ley de compensación para incluir a víctimas de trata humana.
El Ejecutivo también envió proyectos para extender a 16 años los términos de registradores, procuradores y fiscales; prohibir el financiamiento de campañas políticas por personas jurídicas extranjeras; fortalecer los mecanismos anticorrupción mediante enmiendas a la Ley 2-2018; y expandir el programa Experience dirigido a jóvenes de 15 a 18 años.
Otras medidas incluyen enmiendas a la Carta de Derechos de los Adultos Mayores para permitir tutelas temporales en órdenes de protección; ajustes al Código Civil sobre relaciones de abuelos y tíos con menores; la eliminación de la Junta Asesora del Programa de Desarrollo Artesanal; cambios presupuestarios a la Comisión Industrial; resoluciones para designaciones de facilidades públicas; y una propuesta para permitir cinco minutos de reflexión voluntaria para empleados públicos.
