Las nuevas medidas crean un catálogo accesible de servicios gubernamentales y amplían opciones escolares para familias afectadas por violencia doméstica
SAN JUAN (EFE) – La gobernadora, Jenniffer González Colón, firmó este viernes dos nuevas leyes dirigidas a fortalecer el acceso a servicios gubernamentales para la comunidad sorda y a ampliar las opciones educativas para víctimas de violencia doméstica y sus familias.
«La firma de estas leyes responde a nuestro deber de construir un gobierno más accesible, justo y sensible. Estamos atendiendo de manera concreta las necesidades de comunidades que históricamente han enfrentado barreras para acceder a servicios y oportunidades», expresó en un comunicado la gobernadora.
Las medidas, son correspondientes al proyecto del Senado 802 que se convirtió en la Ley 48 y el proyecto del Senado 135 en la Ley 47, ambas forman parte de los esfuerzos de la administración para impulsar una política pública más inclusiva y centrada en atender poblaciones vulnerables.
En el caso de la Ley 48, enmienda la Ley 22-2021 para ordenar la creación y publicación de un catálogo de servicios gubernamentales para la comunidad sorda.
Esta medida autoría de la senadora, Nitza Morán y de coautoría de los senadores Rafael Santos, Jeison Rosa , Jaimie Barlucea, Héctor J. Sánchez , Brenda Pérez, Wilmer Reyes y Luis D. Colón propone que deberá estar disponible en formatos accesibles, incluyendo lenguaje de señas, subtítulos y herramientas visuales, y será actualizado periódicamente.
Además, las agencias tendrán la obligación de proveer información actualizada sobre sus servicios, mientras que su desarrollo y difusión se coordinará con el ‘Puerto Rico Innovation and Technology Service’ (PRITS), conforme a estándares de accesibilidad como el ‘Americans with Disabilities Act’ (ADA).
Por otro lado, mediante el P. del S. 135 de autoría del senador, Gregorio Matías y coautoría de la senadora Joanne Rodríguez , Jeison Rosa, Ada Álvarez Conde y Rafael Santos, se enmienda la Ley de Reforma Educativa para añadir una nueva modalidad al Programa de Libre Selección de Escuelas.
La nueva ley permitirá a víctimas de violencia doméstica matricular o transferir a sus hijos a escuelas más cercanas o de su preferencia.
La medida también otorga prioridad a estos estudiantes en la concesión de certificados del programa y flexibiliza los criterios académicos, tomando en consideración sus circunstancias particulares y recomendaciones de profesionales.
Por último, la mandataria vetó el PS 708, que proponía crear la ‘Ley de Horas Contacto para Padres, Tutores y Encargados en las Escuelas de Puerto Rico’, para imponer un mínimo obligatorio de interacción formal entre padres y comunidad escolar, particularmente en casos de bajo aprovechamiento académico.
La medida fue vetada porque contenía un lenguaje ambiguo y podría provocar referidos o medidas que afecten a familias en condición de vulnerabilidad.
