La Ley 122-2025 requiere consentimiento de los padres o tutores y la creación de un protocolo médico; sectores de salud habían advertido antes de su aprobación que la medida imponía barreras al acceso de servicios esenciales
SAN JUAN, Puerto Rico – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó este miércoles un conjunto de nueve piezas legislativas, entre ellas la Ley 122-2025, que crea un protocolo obligatorio para el manejo de casos de abortos en menores de quince años o menos.
La medida, de la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve, establece que toda menor de 15 años o menos que solicite un aborto deberá estar sujeta a un procedimiento médico y legal reglamentado, y que en el caso de las menores de 18 años, al menos uno de los padres o el custodio legal deberá otorgar un consentimiento informado por escritoantes de realizar el procedimiento.
El texto dispone además que el Departamento de Salud y las instituciones médicas deberán reportar estos casos al Departamento de la Familia y seguir un protocolo uniforme. Según la exposición de motivos, la ley busca “proteger a las menores y garantizar procesos médicos seguros y responsables”.
Antes de su aprobación, organizaciones de salud, especialistas y defensores de derechos reproductivos habían expresado preocupación, señalando que la legislación creaba barreras adicionales para adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, especialmente aquellas víctimas de abuso o violencia sexual. Los grupos advirtieron que el consentimiento parental no necesariamente garantiza protección, y que la medida podría limitar el acceso a servicios de salud reproductiva y retraumatizar a las menores.
La Ley 122-2025 forma parte de un paquete legislativo más amplio firmado por la gobernadora, que incluye iniciativas sobre seguridad pública, reconocimiento ciudadano y transferencias de propiedades a municipios.
Otras leyes y resoluciones firmadas por la gobernadora
Ley 119-2025 (P. de la C. 140)
Deroga la Ley 312-1949 sobre el Inspector de Cooperativas, figura que había quedado obsoleta tras transferirse sus funciones a COSSEC mediante la Ley 247-2008.
Ley 120-2025 (P. de la C. 580)
Modifica el Código Penal para añadir una circunstancia agravante cuando un delito se cometa contra un funcionario del orden público.
Ley 121-2025 (P. de la C. 581)
Establece como delito grave, con pena de cinco años de prisión, la agresión a funcionarios del orden público mientras cumplen con sus deberes.
Resolución Conjunta 36-2025
Autoriza la transferencia de la antigua Escuela Superior Carlos Escobar López al Municipio de Loíza para proyectos sociales.
Resolución Conjunta 37-2025
Dispone la transferencia al Municipio de Cabo Rojo del antiguo cuartel de la Policía Estatal en Boquerón, por un dólar simbólico, para proyectos educativos, comunitarios y turísticos.
Resolución Conjunta 38-2025
Designa un tramo de la carretera PR-420 en Moca con el nombre de “Víctor Raúl Hernández Nieves”, en honor a un maestro y líder comunitario.
Resolución Conjunta 39-2025
Ordena la rotulación de vías en Aguadilla con el nombre de “Carlos Méndez Martínez”, exalcalde y figura destacada en la gestión pública.
Resolución Conjunta 40-2025
Designa la carretera PR-905 en Yabucoa con el nombre de Margarita Rodríguez Morales, en reconocimiento a su trayectoria como educadora y servidora pública.
