La medida exige sanitarios divididos por sexo biológico y establece multas de hasta $15,000
SAN JUAN (EFE) – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, convirtió este miércoles en ley una medida que prohíbe la instalación de baños inclusivos, mixtos o neutros, en un nuevo paso para recortar derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el archipiélago caribeño.
La llamada ‘Ley para la Regulación de Espacios Sanitarios Públicos del Gobierno de Puerto Rico’ exige contar con baños múltiples divididos conforme al sexo biológico de las personas, es decir, «para mujeres y para hombres».
La medida es cónsona con la Orden Ejecutiva 14168 promulgada por el presidente de Estado Unidos, Donald Trump.
La ley establece un marco normativo uniforme aplicable a todas las agencias, dependencias y corporaciones públicas, incluyendo a la Universidad de Puerto Rico (UPR), con el objetivo de regular el uso y la designación de servicios sanitarios de ocupación múltiple.
Asimismo, la ley exige que los baños deberán disponer de asistencia para personas con diversidad funcional, de edad avanzada o menores de edad.
Con la nueva ley se requerirá la rotulación e identificación clara de los sanitarios por sexo biológico, así como la identificación clara de los baños asistidos o familiares.
Cada incumplimiento conlleva una multa administrativa de $5,000, hasta un máximo de $15,000.
El dinero que se recaude de las sanciones se va a destinar a un fondo del Centro de Ayudas a Víctimas de Violación (CAVV), creado por virtud de la Resolución Conjunta 2471 de 1976, adscrito al Departamento de Salud.
Como respuesta a esta medida, la Federación LGTBIQ+ de Puerto Rico denunció la aprobación cameral del proyecto que prohíbe los baños inclusivos en las dependencias gubernamentales.
«Es inaudito y un atropello a la democracia que la Cámara de Representantes apruebe por la vía del descargue una medida que no tuvo una vista donde se incluyeran todas las entidades que se oponen a la misma. No nos permitieron participar para explicar los peligros y la cacería que se pretende perpetuar con este proyecto de ley», aseveró en un comunicado Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
El Gobierno local aprobó en mayo de 2025 la Ley 14 de 2025, que establece la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico, una medida que le dio potestad a los funcionarios puertorriqueños a negar dar servicios a ciudadanos por sus creencias religiosas.
La Ley 26-2026 es de la autoría de la representante Lisie J. Burgos y de la coautoría de los representantes José F. Aponte, Ensol Rodríguez, Wanda Del Valle, Carmen Medina, Omayra Martínez, Emilio Carlo, Fernando Sanabria, Edgar Robles, Jorge Navarro y Sergio Estévez.
El objetivo de la Federación LGTBIQ+ de Puerto Rico, compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas, busca la equidad en el archipiélago.
