Jenniffer González Colón convirtió en ley medidas para reforzar la notificación de pérdidas de fondos y bienes públicos y prohibir la influencia económica de personas jurídicas extranjeras en campañas políticas en Puerto Rico
SAN JUAN – La gobernadora Jenniffer González Colón firmó este 14 de abril de 2026 dos medidas de su autoría dirigidas a fortalecer el uso responsable de los recursos públicos y a prohibir la influencia económica de personas jurídicas extranjeras en Puerto Rico.
La primera es la Ley 52-2026, correspondiente al Proyecto del Senado 438 y Proyecto de Administración 21. La medida crea la “Ley de Notificaciones de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos y Propiedad Pública”, con el propósito de establecer un marco regulatorio y fiscalizador para que se notifique a la Oficina del Contralor de Puerto Rico toda pérdida o irregularidad en el manejo de fondos o bienes públicos.
Según la información provista, la nueva ley sustituye un modelo declarativo por uno procedimental, digitalizado y con consecuencias concretas, como parte de una reforma estructural del régimen de notificación y fiscalización de pérdidas de bienes y fondos públicos. La medida busca fortalecer la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.
El texto además señala que en los pasados 10 años el Gobierno de Puerto Rico perdió sobre $4.2 millones en fondos públicos por propiedad extraviada o manejada de manera irregular por parte de 81 entidades gubernamentales que no cumplieron con el requisito de notificación ante el Contralor de Puerto Rico.
La segunda medida firmada es la Ley 53-2026, correspondiente al Proyecto del Senado 920 y Proyecto de Administración 95. Esta legislación enmienda la Ley 222-2011, conocida como la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, con el fin de prohibir la influencia económica de personas jurídicas extranjeras en la isla.
De acuerdo con la medida, para propósitos de esta ley se considerarán personas jurídicas extranjeras aquellas organizadas, incorporadas o registradas fuera de Puerto Rico o de Estados Unidos, independientemente de si tienen o no operaciones en Puerto Rico. Esas entidades no podrán, de manera directa o indirecta, ni a través de miembros de sus juntas de directores, ejecutivos, gerentes, socios gestores o subsidiarias, realizar donativos, organizarse como comités de acción política, comités de fondos segregados o hacer gastos independientes para influir o participar en el financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico.
La información provista indica además que la medida busca atemperar el estado de derecho local en materia de financiamiento de campañas políticas, como han hecho otras jurisdicciones, para aclarar el vacío del caso Citizens United v. Federal Election Commission.
“Cumpliendo con el compromiso contraído con nuestro Pueblo, este Gobierno reconoce la importancia de garantizar que nuestro proceso electoral quede libre de toda influencia corporativa extranjera, que pueda atentar con nuestro sistema democrático. De esta manera también protegemos nuestro sistema electoral de otros intereses ajenos a nuestras costumbres y tradiciones. Por ello, este Gobierno considera meritorio aprobar toda legislación necesaria, que redunden en fortalecer el derecho electoral, nuestro sistema de financiamiento de campañas políticas, y con ello, el sagrado derecho al sufragio universal”, lee parte de la medida.
