San Juan, 25 jun (EFE NEWS) – El futuro de los empleados gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al igual que el de los jubilados, está en riesgo toda vez que el acuerdo «de privatización que ha acordado el gobierno con la empresa Luma Energy provoca incertidumbre sobre la estabilidad laboral y lacera todos los derechos y beneficios adquiridos, incluyendo el Sistema de Retiro».
Así opinó este jueves Abraham García, presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEG-AEE), quien solicitó a la gobernadora, Wanda Vázquez, una reunión urgente para expresarle sus preocupaciones sobre el pacto de privatización que se ha concertado con Luma Energy y del que fueron totalmente excluidos.
«Estamos muy preocupados porque, para impulsar la privatización de la corporación, la dirección de la AEE ha puesto en juego la permanencia de nuestros empleos y los derechos que nos cobijan. También pende de un hilo la seguridad de nuestras pensiones», señaló.
El líder gremial también denunció la falta de transparencia en este acuerdo que se realizó a espaldas del país y de los empleados activos y jubilados de la AEE.
«De la información que ha trascendido sobre el acuerdo con Luma Energy queda claro que veremos reducidos muchos de nuestros derechos y beneficios laborales y, lo que es peor, corremos el riesgo de ser despedidos sin justa causa. Todo esto es una clara movida del Principal Oficial Ejecutivo de la AEE, José J. Ortiz, para hacerle la vida fácil a los privatizadores», precisó García.
Agregó que la agenda de Ortiz, «por instrucciones del gobierno y de la Junta de Control Fiscal, es ir cocinando la venta total de la AEE».
«Vienen tras las ganancias que produce la generación y la producción de energía e irán contra todo lo que les impida cuadrar su negocio. Hoy nos atacan limitando nuestros beneficios, mañana intentarán dejarnos en la calle», remarcó.
García narró que los empleados de la AEE se enteraron de la transacción final de la privatización a último minuto y catalogó como un acto de provocación la comunicación que el consorcio privatizador, integrado por las compañías Quanta Services, ATCO e IEM, envió a los empleados advirtiéndoles que habrá despidos.
El acuerdo suscrito con el gobierno «deja claro que Luma Energy no está obligada a contratar a los actuales trabajadores de la corporación pública y que establecerán un nuevo plan de clasificación para acelerar los despidos», indicó.
«Queremos dialogar con la Gobernadora. Es necesario expresarle la preocupación de los 6.300 empleados gerenciales y de 11.873 jubilados que hoy vemos amenazado nuestro futuro. Si ella es consistente con su discurso de justicia social debería, al menos, escucharnos», dijo.
García informó que, por ello, le cursó una carta a la Gobernadora y a Antonio Pabón, Secretario de la Gobernación, requiriéndole una reunión con urgencia.
