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GAO alerta sobre pérdidas millonarias y escaso beneficio económico de la Ley 60 en Puerto Rico

Ey Boricua Por Ey Boricua
13 de diciembre de 2025
En POLÍTICA
Tiempo de leer:7 mins de lectura
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Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez. Foto José E. Maldonado Marrero / EyBoricua.com

Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez. Foto José E. Maldonado Marrero / EyBoricua.com

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Un informe divulgado esta semana respalda críticas demócratas y señala fallas graves en la fiscalización del IRS

SAN JUAN, Puerto Rico — Un informe federal divulgado hace cinco días por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO) reforzó las críticas de legisladores demócratas al concluir que las exenciones contributivas otorgadas en Puerto Rico bajo la Ley 60 podrían costar “cientos de millones de dólares al año” a los contribuyentes estadounidenses, mientras ofrecen beneficios económicos limitados y difíciles de demostrar para el país.

El informe fue dado a conocer por los demócratas del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y examina los incentivos contributivos para inversionistas residentes y empresas de servicios de exportación, originalmente establecidos como las leyes 20 y 22 y consolidados en la Ley 60 de 2019. La investigación fue solicitada en 2023 ante preocupaciones de que estos incentivos estuvieran convirtiendo a Puerto Rico en un refugio fiscal para personas de alto patrimonio, sin beneficios claros para la población local.

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Según la GAO, en 2021 había aproximadamente 2,200 contribuyentes acogidos al incentivo para inversionistas residentes. El análisis revela que, tras mudarse a Puerto Rico, estos contribuyentes redujeron de forma significativa su carga contributiva federal. En promedio, los impuestos federales pagados por año disminuyeron $127,143 por contribuyente, lo que representa una reducción de 46% en comparación con los años previos a su traslado. En conjunto, la GAO advierte que esta disminución podría equivaler a cientos de millones de dólares anuales en recaudos federales dejados de percibir.

“Mientras las familias en todo Puerto Rico luchan por llegar a fin de mes, millonarios y multimillonarios se abalanzan sobre la isla para explotarla como un refugio fiscal personal”, declaró el congresista Jared Huffman, miembro de mayor rango del Comité de Recursos Naturales, al reaccionar al informe.

Más allá del impacto fiscal federal, la GAO cuestiona el efecto real de estos incentivos sobre la economía puertorriqueña. El informe concluye que la evidencia sobre los costos y beneficios es mixta y que el impacto económico es difícil de aislar, en parte porque los beneficiarios representan una fracción muy pequeña de la población. Además, la economía del país ha estado marcada en la última década por factores externos como huracanes, terremotos, la pandemia y la crisis fiscal, lo que complica atribuir cambios económicos directamente a los incentivos.

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En términos de recaudos locales, el informe recoge estimaciones del Departamento de Hacienda de Puerto Rico que proyectan que entre 2020 y 2026 el gobierno dejaría de recaudar alrededor de $6,200 millones como resultado de los incentivos para inversionistas residentes y empresas de servicios de exportación.

Uno de los señalamientos más críticos del informe se refiere a la fiscalización federal. La GAO determinó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no ha supervisado de manera efectiva a los contribuyentes que reclaman estas exenciones. Durante varios años, el IRS no contó con datos completos y actualizados —incluyendo números de Seguro Social— sobre los beneficiarios, lo que limitó su capacidad para verificar si cumplían con los requisitos de elegibilidad. Además, la agencia carecía de un plan documentado para obtener esa información de forma rutinaria.

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El informe también señala que el IRS no dio seguimiento adecuado a referidos del gobierno de Puerto Rico sobre posibles incumplimientos. En uno de los ejemplos más claros, se documenta que 179 personas obtuvieron la exención contributiva a pesar de no cumplir con el requisito básico de residir en Puerto Rico al menos la mitad del año.

Otro factor que, según la GAO, ha debilitado la fiscalización es la reducción de personal. El informe indica que el IRS perdió alrededor de 38% de su personal de control fiscal en esta área, lo que redujo significativamente su capacidad para verificar el cumplimiento contributivo de los beneficiarios de la Ley 60.

Huffman denunció que, tras el debilitamiento del IRS, “casi no queda nadie para verificar si estos ricos cumplen las normas y los requisitos básicos de residencia para justificar estas exenciones fiscales, y mucho menos si contribuyen a la comunidad”.

La congresista Nydia M. Velázquez coincidió con ese planteamiento y sostuvo que “el IRS no se ha tomado en serio la aplicación de la Ley 60, lo que ha alimentado los problemas de evasión fiscal tanto en la isla como en Estados Unidos continental”. Añadió que “los ricos lograron manipular el sistema y evadir millones en impuestos, dejando a los puertorriqueños con las consecuencias del aumento del costo de la vivienda, el desplazamiento y la falta de fondos para los servicios públicos”.

Por su parte, la representante Alexandria Ocasio-Cortez afirmó que esta política contributiva “no solo aumenta la desigualdad económica en la isla, sino que también roba de los bolsillos de los estadounidenses valiosos ingresos fiscales federales utilizados para financiar el Seguro Social, Medicare y otros programas federales esenciales”.

Ante este panorama, la GAO recomendó que el IRS mejore de forma urgente la supervisión de los contribuyentes que reclaman exenciones federales por residencia en Puerto Rico, establezca procedimientos formales para recibir datos actualizados de las agencias locales y adopte protocolos claros para evaluar referidos de posibles incumplimientos. El IRS, según el informe, estuvo de acuerdo con todas las recomendaciones.

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Principales hallazgos del informe de la GAO

  • Pérdida potencial en recaudos federales: cientos de millones de dólares al año.
  • Reducción promedio en impuestos federales pagados por beneficiarios: $127,143 anuales (46%).
  • Beneficiarios del incentivo para inversionistas residentes en 2021: alrededor de 2,200.
  • Personas que recibieron la exención sin cumplir el requisito de residencia: 179.
  • Reducción del personal de fiscalización del IRS en esta área: 38%.
  • Impacto económico en Puerto Rico: evidencia mixta y difícil de aislar frente a otros factores.

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Tags: Congreso de EE. UU.GAOincentivos contributivosIRSLey 60Política fiscalPuerto Rico
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