La organización sin fines de lucro advirtió sobre falta de vistas públicas en proyectos legislativos que reestructurarían el Fideicomiso Perpetuo
San Juan, Puerto Rico – La organización sin fines de lucro Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía, Inc. (FURIA) levantó la voz este martes para exigir a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que garantice la participación directa de líderes comunitarios y residentes de Comunidades Especiales en la evaluación de dos medidas legislativas que proponen cambios sustanciales a la estructura del programa y el manejo del Fideicomiso Perpetuo.
Se trata del Proyecto del Senado 17 (P.S.17) y el Proyecto de la Cámara 27 (P.C.27), ambos con el objetivo de modificar la gobernanza del programa de Comunidades Especiales, aunque con enfoques distintos. La organización denunció que desde febrero han solicitado vistas públicas a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara y a la Comisión senatorial correspondiente, pero no se ha concedido espacio para la participación pública, lo que ha generado una creciente preocupación entre las comunidades afectadas.
“Las comunidades especiales tienen derecho, por ley, a participar en las decisiones que afectan su desarrollo. No pueden ser excluidas de procesos tan trascendentales”, sostuvo Zelidés E. Perdigón Acevedo, líder comunitaria, refiriéndose a la omisión de vistas públicas y a la falta de consulta sobre proyectos que, de aprobarse, afectarían el modelo participativo que se supone guíe el programa.
El PS17, de la autoría del senador Thomas Rivera Schatz, fue aprobado por el Senado el pasado 7 de abril con 20 votos a favor y 8 en contra, sin realizar vistas públicas ni contar con una postura oficial de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), entidad encargada del programa. La medida propone eliminar la estructura actual del Fideicomiso Perpetuo, transferir sus activos a la ODSEC y crear un nuevo fideicomiso llamado Fondo para la Reinversión Social de Puerto Rico, otorgando además a su director ejecutivo la autoridad para emitir certificaciones de titularidad.
Por su parte, el PC27, presentado por el representante Carlos “Johnny” Méndez, conserva la estructura del Fideicomiso Perpetuo y propone que el director ejecutivo de la ODSEC actúe como su fiduciario. Esta medida fue referida a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano en enero y permanece sin acción legislativa.
A pesar del impacto que ambas medidas tendrían en los más de 700 sectores identificados como Comunidades Especiales, la ODSEC no ha emitido una postura pública. Su nuevo director ejecutivo, Roberto Lefranc Fortuño, no ha respondido sobre cómo su administración manejaría las nuevas responsabilidades que le asignan los proyectos.
Nayda Bobonis, directora ejecutiva de FURIA, insistió en que cualquier legislación sobre Comunidades Especiales debe alinearse con la política pública establecida por la Ley 1-2001, que reconoce la capacidad de las comunidades para participar activamente en la solución de sus propios problemas.
“Proyectos de tal envergadura tienen que contar con procesos participativos reales y efectivos”, afirmó.
