Luis A. Jiménez Guzmán admitió que aceptó sobornos para alterar deudas contributivas, evadir impuestos y obtener reintegros ilegales
SAN JUAN (EFE)
Un funcionario del Departamento de Hacienda se declaró culpable este jueves por conspiración para cometer soborno, acto que provocó pérdidas de $5 millones en la agencia por modificaciones en impuestos de otras personas y comercios.
El implicado fue identificado como Luis A. Jiménez Guzmán, según indicó la Fiscalía federal en Puerto Rico en un comunicado de prensa.
De acuerdo con el pliego acusatorio, Jiménez Guzmán, consciente y voluntariamente conspiró para sobornar y cometer fraude electrónico contra un programa federal, al igual que aceptó pagos por soborno a cambio de sus actos de corrupción.
El documento judicial detalla que entre el mes de febrero de 2019 y marzo de 2023, Jiménez Guzmán fue empleado y agente del Departamento de Hacienda, donde se desempeño accediendo, tanto a nivel personal como electrónico, de declaraciones de ingresos y documentos relacionados con impuestos.
Por su puesto gubernamental, Jiménez Guzmán tuvo acceso privilegiado a acceder a las plataformas electrónicas del Departamento de Hacienda, al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) de la agencia y al Sistema Integrado de Administración de Impuestos de Puerto Rico.
Como parte del esquema, aceptó pagos en efectivo y otros beneficios para someter información falsa a Hacienda, eliminar deudas contributivas, evadir contribuciones y obtener reintegros ilegales.
El 16 de agosto de 2021, según el acuerdo, Jiménez Guzmán recibió un soborno de $10,000 de una persona identificada como ‘Persona H’ para borrar o reducir una deuda contributiva de uno de sus clientes.
Y así, como el acusado lo hizo con ‘Persona H’, lo hizo con otras personas y negocios, provocándole una pérdida en impuestos a Hacienda de $5 millones.
Jiménez Guzmán compareció ante Silvia Carreño Coll, jueza del Tribunal Federal de San Juan, donde renunció a la acusación por gran jurado y se declaró culpable por un cargo presentado mediante pliego acusatorio.
El acusado enfrenta una pena máxima de 5 años de prisión, una multa de hasta $250,000 y libertad supervisada.
La Fiscalía federal indicó que el caso forma parte de un esfuerzo contra la corrupción pública y el fraude cometido por empleados del Departamento de Hacienda.
En octubre de 2025, la oficina anunció acusaciones contra 26 personas y corporaciones en un esquema similar de soborno y fraude electrónico.
