Expertas debatieron sobre las enmiendas a la Ley 54, los desafíos en su implementación y la importancia de los albergues como servicios esenciales
San Juan, Puerto Rico – En conmemoración de los 35 años de la Ley 54, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico fue sede del foro titulado “Ley 54: 35 años por la paz de las mujeres”, evento moderado por la licenciada Cristina Parés, directora ejecutiva de Proyecto Matria, que contó con la participación de destacadas voces en la lucha contra la violencia de género, quienes discutieron los desafíos, enmiendas y avances en la protección de las víctimas.
La doctora Esther Vicente, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, fue la primera en exponer. Durante su ponencia, Vicente expresó preocupación sobre las recientes enmiendas a la Ley 54, que según advirtió, podrían debilitar la protección de las víctimas. Señaló, por ejemplo, que permitir a familiares o patronos solicitar órdenes de protección puede quitarle autonomía a la víctima, exponiéndola a mayores peligros. También resaltó la importancia de un análisis profundo y bien ponderado antes de realizar cualquier revisión futura a la ley.
Vicente recomendó que los procesos de revisión de la Ley 54 incluyan la participación de personas expertas en violencia doméstica, abogadas que litigan en tribunales, y representantes de organizaciones que apoyan a las víctimas. “El trabajo de revisión requiere años y no puede hacerse en el vacío”, enfatizó.
Por su parte, la licenciada Lindsay Murillo, fiscal especial del Departamento de Justicia, aunque participó a título personal, repasó los avances logrados en la aplicación de la Ley 54. Destacó la creación de Unidades Especializadas en violencia doméstica y abogó por la ampliación de estas unidades a más regiones de la isla. Murillo también enfatizó la necesidad de una mayor preparación y especialización entre jueces y fiscales en el manejo de casos de violencia de género, especialmente en situaciones complejas como el maltrato psicológico o económico.
Durante el foro, Coraly León Morales, presidenta de la junta de directores de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, ofreció un testimonio contundente sobre las dificultades que enfrentan los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica. Denunció la falta de recursos suficientes para operar al máximo de su capacidad y exigió la aprobación del Proyecto de la Cámara 1901, que busca reconocer a los albergues como servicios esenciales en situaciones de emergencia. «En Puerto Rico los albergues no son prioridad, y eso tiene que cambiar», afirmó.
El foro concluyó con un llamado unánime a la acción para fortalecer la Ley 54 y mejorar los recursos disponibles para las víctimas, resaltando la necesidad de trabajar desde la unidad y con un enfoque integral en la lucha por la paz y seguridad de las mujeres en Puerto Rico.
