Lima (EFE) – La Fiscalía de la Nación (general) de Perú dispuso este miércoles iniciar diligencias preliminares contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, tras el anuncio del cierre del Congreso y la instauración de un «gobierno de emergencia» en su país.
«La Fiscalía de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de presidente, por la presunta comisión del delito contra los poderes de Estado y orden constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado», escribió el Ministerio Público en Twitter.
Inmediatamente después, agregó que la investigación también se extiende a «la presunta comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración, en agravio del Estado».
El Ministerio Público anunció el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanece detenido en la Prefectura de Lima por presuntamente «quebrantar el orden constitucional», después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
El exmandatario hizo este anuncio horas antes de que el Congreso debatiera un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.
La medida, percibida mayoritariamente como un golpe de Estado, no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Tras ser destituido por el Legislativo, Castillo fue detenido en un operativo supervisado por la fiscal general, Patricia Benavides, quien horas antes ya había condenado la decisión del ahora exjefe de Estado, la cual calificó de «quebrantamiento del orden constitucional».
Con la apertura de esta nueva investigación preliminar, ya son siete las diligencias abiertas por la Fiscalía general contra Castillo, quien entre otros delitos está acusado de presuntamente encabezar una supuesta organización criminal durante su mandato para obtener dinero ilícito de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
