San Juan, 19 nov (EFE News) – La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, firmó este jueves el Proyecto de la Cámara 2593 para enmendar la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019 y de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.
Se trata de establecer la responsabilidad de las agencias de gobierno de notificar y fundamentar las enmiendas a las órdenes de compra y contratos que elevan el valor de la compra ya adjudicada, señala en un comunicado.
La medida de administración, que fue presentada por la gobernadora en la pasada sesión extraordinaria, busca también promover una competencia justa y transparente, establecer el correo electrónico como método para notificaciones, establecer el requisito de educación continua a todos los compradores de la Administración de Servicios Generales (ASG) y disponer el proceso de compras en casos de emergencias o desastres decretados por orden ejecutiva, establecer penalidades ante el incumplimiento de los suplidores sin una adecuada justificación en los casos de una compra de emergencia.
«Debemos recordar que recientemente se firmó la ley para la centralización de las compras del gobierno para convertir a la ASG en la entidad única facultada para llevar a cabo todo procedimiento de compras y subastas de bienes, obras y servicios del gobierno, entre otros propósitos relacionados», dijo.
«Esto con el fin fomentar la transparencia y la sana competencia entre los licitadores. Pero luego de la aprobación de dicha ley, hemos enfrentado situaciones de emergencia que ha provocado compras de suministros y la otorgación de contratos de servicios. Para implantar la sana administración pública, con esta enmienda se establece el requisito de educación continua a todos los compradores de la ASG y se dispone claramente el proceso de compras en casos de emergencia o desastre y establecer penalidades», detalló.
Sobre las enmiendas relacionadas a los cambios en órdenes de compra en el gobierno, Vázquez señaló que se ha visto que en ocasiones, luego de la adjudicación de una compra, el vendedor, suplidor, proponente o licitador al que se le adjudica, solicita enmiendas a las órdenes de compras u contratos para aumentar el pago por supuestas variaciones que encarecen los bienes, obras y servicios.
«Con estas enmiendas se busca identificar y eliminar variaciones y aumentos en costos que son injustificados, y en ocasiones sustanciales. Con esta medida fomentamos la transparencia de los procesos y la competencia justa entre quienes participaron para la adjudicación de la compra», indicó.
A esos efectos, la nueva Ley dispone que los jefes de agencias tendrán el deber de notificar al Administrador de la ASG aquellas enmiendas a las órdenes de compra y/o contratos que habían sido autorizados anteriormente y que tengan el efecto de aumentar el valor de la compra adjudicada de bienes, obras y servicios no profesionales.
La notificación de enmienda debe estar debidamente documentada y fundamentada.
La medida destaca que, de esta manera, se garantiza que los organismos públicos se comporten de acuerdo con las más sanas y adecuadas normas de administración fiscal y gerencial, redundando en un mejor uso de los recursos gubernamentales.
