Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
San Juan – El expresidente de la Universidad Interamericana Manuel Fernós reaccionó airado a la demanda que le radicó la Junta de Síndicos de la institución por $1.4 millones por un contrato otorgado para el manejo de la pandemia Covid-19.
En entrevista con En Blanco y Negro, Fernós dijo que la demanda es parte de una persecución maliciosa en su contra para destruir su reputación de más de 43 años en el mundo de la academia, 23 de los cuales pasó presidiendo la Interamericana.
“Esto es una persecución maliciosa en mi contra para echarle lodo a mi reputación y evitar que yo hiciera pública una serie de irregularidades que comete esa gente de la Junta de Síndicos. Que se preparen porque ahora viene el descubrimiento de prueba. Yo no he sido emplazado pero esa demanda adolece de planteamientos legales y mis abogados ya los tienen identificados”, agregó.
La representación legal de Fernós está compuesta por el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, y por el reconocido abogado Harold Vicente. Fernós es catedrático en la Facultad de Derecho de la Interamericana.
“Es totalmente falso lo que dicen para hacerme daño. Son gente que llegó último y con esa campaña quieren darse a conocer, pero después de 23 años de servicio a esta institución”. sostuvo.
Hace unas horas la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) demandó por $1.4 millones a Fernós y a otros allegados por haber otorgado contrato a un negocio privado usando fondos federales para el rastreo, manejo y otras medidas durante la pandemia de covid-19. En la demanda se describe detalladamente cómo el contrato, que fue por $1.5 millones y se enmendó en más de 12 ocasiones, alegadamente era ilícito, estaba “plagado de irregularidades”, y se hizo sin autorización y violando los estatutos internos de la propia universidad.
La demanda es por incumplimiento y resolución de contrato, además de daños y perjuicios ocasionados contra la UIPR por la empresa MAP Strategies LLC (MAPS) y Fernós, cuando era presidente, y a su entonces mano derecha, Dominique A. Gilormini de Gracia, quien era director ejecutivo de la presidencia. Reclama la universidad que la empresa y Fernós devuelvan $1.4 millones, más intereses.
“El Lcdo. Fernós y Lcdo. Gilormini, abusaron de su discreción, fueron crasamente negligentes, incompetentes y actuaron contrario a los intereses de la UIPR. Debido a su negligencia en el cumplimiento de sus deberes, la UIPR desembolsó la cantidad de $1.4 millones de fondos federales para pagar a MAPS por servicios que no fueron prestados”, establece la demanda.
Fernós dijo que esta demanda evidencia el “total y absoluto desconocimiento de ese nuevo liderato que no entienden cómo se implementa la legislación federal”.
Explicó que en el 2017 cuando pasó el huracán María y los miembros de la Junta de Síndicos se fueron del país, él se quedó a trabajar y a las 2semanas la Interamericana ya había reabierto sus puertas estaban brindando servicio porque movieron fondos federales para apoyar a los estudiantes y al personal.
“A los dos meses, cuando los miembros de la Junta de Síndicos regresaron a Puerto Rico después del huracán, me felicitaron por haber utilizado los fondos rápido. Eso fue exactamente lo que hicimos en esto de la pandemia”, dijo Fernós.
“Al principio de la pandemia nadie sabía cuánto tiempo iba a durar. El Spanish flu” (Influenza española) duró cuatro años, así que no teníamos idea cómo prepararnos. Lo que hicimos fue que movimos los fondos federales para hacer un “mapping” y poder hacer el seguimiento. Fraccionamos los fondos porque eso se permite”, insistió.
Sobre la parte de la demanda que cuestiona por qué el contrato se fraccionó, Fernós insistió en que los fondos federales se asignan por recinto, no por institución. “La Junta de Síndicos no conoce cómo funcionan los fondos federales”, dijo.
Reiteró que se defenderá y que su caso llegará hasta las últimas consecuencias. “Mi reputación no la van a manchar. Por más que lo intenten, no podrán”, dijo.
