El Observatorio de Equidad de Género registra 56 feminicidios hasta noviembre, incluyendo muertes indirectas vinculadas al crimen organizado y a contextos de discriminación
SAN JUAN, Puerto Rico – El año 2025 se encamina a cerrar con una disminución en el número total de feminicidios en Puerto Rico, pero esa baja no representa un escenario de mayor seguridad para las mujeres. Según el informe del Observatorio de Equidad de Género, publicado al 30 de noviembre, en el país se han registrado 56 feminicidios en lo que va del año, cifra que incluye 47 feminicidios directos y nueve feminicidios indirectos, estos últimos vinculados a dinámicas del crimen organizado y a contextos de vulnerabilidad marcados por la discriminación de género.
Los feminicidios directos continúan concentrándose en relaciones de pareja o expareja. El informe destaca un patrón persistente: el uso de armas de fuego en feminicidios íntimos, muchas veces con licencias otorgadas por el propio Estado. De los casos documentados, múltiples agresores cometieron feminicidio–suicidio, una manifestación extrema de control que deja familias enteras devastadas.
Los feminicidios indirectos, definidos por el Modelo de Protocolo Latinoamericano, agrupan muertes de mujeres que no eran el blanco principal, pero que ocurrieron dentro de escenarios como ajustes de cuentas, crimen organizado, tráfico de sustancias, exposición a economías delictivas o contextos donde la discriminación estructural incrementa el riesgo de muerte. El Observatorio resalta que estas muertes también son producto del abandono institucional y de la falta de condiciones seguras para mujeres altamente vulnerabilizadas.
A esta violencia letal se suman 100 intentos de feminicidio documentados en 2025, reflejo de un patrón sostenido que no se ha logrado frenar. En muchos casos, los intentos ocurren dentro del hogar, frente a menores o tras un historial de agresiones no atendidas por las autoridades.
La situación de desaparecidas continúa siendo otro eje crítico del informe. Desde el 2020, 50 mujeres y menores permanecen desaparecidas, mientras varias desapariciones reportadas en 2025 siguen sin esclarecerse. Estas ausencias prolongadas revelan fallas graves en los mecanismos de búsqueda, coordinación interagencial y respuesta estatal.
Aunque el número total de feminicidios disminuyó respecto a años anteriores, el Observatorio advierte que esta baja no debe interpretarse como una señal de progreso. El alto número de casos bajo investigación, la continuidad de la violencia armada, la ausencia de procesos de reparación, el impacto en la niñez huérfana y la fragilidad de los sistemas de protección reflejan una realidad que sigue siendo alarmante.
El informe concluye que la violencia machista persiste como una emergencia nacional marcada por negligencia institucional, falta de recursos y la ausencia de políticas robustas de prevención, intervención y justicia para las víctimas y sus familias.
