San Juan, 28 de septiembre (EFE) – Los fiscales especiales Emilio Arill García y Manuel Núñez Corrada no encontraron prueba, tendente a demostrar más allá de duda razonable, para encausar al exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, y otros funcionarios municipales.
Según el comunicado publicado este miércoles por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), se investigaron alegadas infracciones a la ley respecto a asuntos fiscales y de recursos humanos en la municipalidad.
La investigación se produjo tras concluir una auditoría de la Oficina del Contralor en las operaciones del municipio de Santa Isabel, durante la incumbencia de Questell Alvarado.
Los hallazgos de esa auditoría apuntaban a acciones y omisiones de parte del entonces alcalde, relacionadas con el nombramiento y remuneración de la exdirectora interina de Finanzas.
También un hallazgo contra la exdirectora de Finanzas en propiedad, donde se alegaba intervención indebida con una orden de compra a favor de una empresa representada por su padre.
Con tales alegaciones y la prueba recopilada por Justicia, los FEI entrevistaron testigos, funcionarios y los auditores del Contralor que realizaron la pesquisa en el municipio.
Recopilaron prueba adicional e hicieron un amplio análisis del derecho aplicable, conforme a su encomienda, agrega la nota.
Los fiscales presentaron al Panel un informe con su determinación final de que se archivara el caso contra Questell Alvarado y el resto de los funcionarios municipales.
En síntesis, concluyeron que el exalcalde tenía la facultad en ley para realizar y remunerar transacciones de personal de manera interina.
También que existe un documento de inhibición de la exdirectora de Finanzas en cualquier asunto relacionado con su padre, y que la experiencia e historial de trabajo le brindó a la directora interina la capacidad para realizar las funciones a las cuales fue designada.
Hubo además una alegación de que Questell Alvarado había obstaculizado la auditoría, pero tanto el auditor como el supervisor a cargo de la Oficina del Contralor sustentaron que el comportamiento del exalcalde en nada afectó la realización de la misma.
