El operativo fue dirigido por agentes del FBI, principalmente en la zona metropolitana de la isla, pero también fuera de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico (EFE) – Las autoridades federales en Puerto Rico tramitaron este lunes 32 órdenes de arresto contra individuos acusados de defraudar cerca de un $1 millón al Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), la ayuda económica otorgada a los trabajadores independientes que perdieron su forma de sustento a causa del covid-19.
El operativo fue dirigido por agentes del FBI, principalmente en la zona metropolitana de la isla, pero también fuera de Puerto Rico.
Según informó la Fiscalía federal en un comunicado, los 32 acusados participaron en un esquema para defraudar al Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH) por un total de $981,071.
Los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener beneficios de seguro por desempleo que contenían fondos de PUA.
Enfrentan cargos por robo de propiedad de beneficios del PUA, fraude postal y uso indebido de números de seguro social, al obtener fraudulentamente múltiples cheques de desempleo del DTRH mediante el uso de números de seguro social falsos.
Los acusados recibieron beneficios de PUA del DTRH por correo en forma de cheques que no estaban calificados ni autorizados a recibir.
“Seguiremos responsabilizando a quienes buscan explotar la pandemia para beneficio personal, para proteger a las poblaciones vulnerables y para salvaguardar la integridad de los programas financiados por los contribuyentes”, dijo el fiscal federal para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
Por su parte, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan, Joseph González, afirmó que «esta violación reiterada es profundamente preocupante».
«Está claro que algunas personas continúan explotando una crisis mundial para beneficio personal al hacer caso omiso de la ley. Queremos dejar muy en claro que este comportamiento no será tolerado, ahora ni nunca”, agregó.
Si son condenados, los acusados se enfrentan a las siguientes sentencias: hasta 20 años de prisión por fraude postal; hasta 10 años por robo de dinero del Gobierno; y hasta 5 años por uso indebido de un número de seguro social.
La ayuda económica del PUA comenzó como medida para subsanar los gastos de muchos trabajadores independientes que perdieron su forma de sustento a causa de la pandemia en 2020 y no calificaban bajo otros programas de ayuda a desempleados.
Sin embargo, con la mejora de la situación sanitaria meses después, el Gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de poner fin a las ayudas en la isla para que la fuerza laboral comenzara a estabilizarse.
Según indicó en aquel entonces el secretario del DTRH, Carlos Rivera, unas 73,000 personas recibían el PUA, a lo que hay que sumar otras 57,000 que participaban de otros programas de desempleo.
