La enfermera especializada enfrenta ocho cargos federales relacionados con la alteración de medicamentos controlados y fraude para obtener sustancias reguladas
Un gran jurado federal en Puerto Rico acusó formalmente a Jackeline Correa Vázquez, de 45 años, por presuntamente sustraer y manipular viales de fentanilo destinados al cuidado de pacientes mientras se desempeñaba como enfermera de práctica avanzada con concentración clínica en anestesia.
Según la acusación anunciada por la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico, Correa Vázquez presuntamente participó en un esquema que se remonta, al menos, a marzo de 2023, mediante el cual obtuvo ilegalmente viales de citrato de fentanilo bajo su control profesional.
Las autoridades alegan que la acusada extraía el fentanilo de los envases y luego los rellenaba con líquidos transparentes para ocultar la sustracción, comprometiendo la integridad de los medicamentos y poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes.
El fiscal federal para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, sostuvo que la acusada traicionó la confianza depositada por los pacientes y sus empleadores al manipular medicamentos esenciales utilizados en tratamientos médicos.
Por su parte, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) indicó que el caso refleja el compromiso de las autoridades con la protección de los pacientes y la fiscalización del manejo de sustancias controladas dentro del sistema de salud.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) también destacó que la manipulación deliberada de medicamentos representa un riesgo para la salud pública y para la seguridad del sistema sanitario.
Correa Vázquez enfrenta cuatro cargos por manipulación de productos de consumo, cada uno con una pena máxima de 10 años de prisión, y otros cuatro cargos por obtener sustancias controladas mediante fraude, engaño o representación falsa, delitos que conllevan una pena máxima de cuatro años de cárcel por cada cargo.
La acusada comparecería este martes ante el magistrado federal Héctor Ramos Vega en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
La investigación está a cargo de la DEA, la Policía de Puerto Rico, la Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA y el Departamento de Salud de Puerto Rico.
