Denuncian exclusión en el proceso legislativo y alertan sobre los peligros de la medida
SAN JUAN, Puerto Rico – La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) presentaron ponencias en firme oposición al Proyecto del Senado 1 (PS1), el cual busca establecer la «Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico».
Ambas organizaciones advirtieron que la medida es innecesaria, peligrosa y representa una «licencia para discriminar» al permitir que empleados públicos y profesionales de servicios esenciales se nieguen a atender a ciudadanos por razones religiosas.
A pesar de que el CAAPR sí pudo deponer en las vistas públicas, su presidenta, la licenciada Vivian Godineaux Villaronga, denunció que se excluyeron voces fundamentales del debate.
«El Senado tiene el deber de garantizar un proceso legislativo justo y representativo de todas las voces. Sin embargo, se negó la participación de organizaciones como la Federación LGBTQ+, Amnistía Internacional, Waves Ahead, La Tejedora y el Concilio y Hermandad Pagana de Puerto Rico, entre otras. Todas estas entidades tienen serias preocupaciones sobre el impacto de esta medida en los derechos humanos y las protecciones contra la discriminación», expresó.
Por su parte, la Federación LGBTQ+ sostuvo que la medida no solo es innecesaria, ya que la libertad religiosa ya está protegida en la Constitución, sino que también crea un marco legal que podría utilizarse para negar servicios esenciales a personas LGBTQ+. «Este proyecto no protege la libertad religiosa, sino que legitima el discrimen. Abre la puerta para que empleados públicos rechacen atender a personas LGBTQ+, afectando su acceso a salud, educación y otros derechos básicos», advirtió el doctor Juan F. Caraballo Resto.
Una amenaza a los derechos humanos y la equidad
Tanto la Federación LGBTQ+ como el CAAPR alertaron sobre los efectos devastadores que tendría la aprobación del PS1 en diversas áreas de la vida pública. Entre las preocupaciones expuestas en sus ponencias, destacaron los siguientes riesgos:
- Licencia para discriminar: La Sección 5 del PS1 otorga el derecho de «no actuar» en función de creencias religiosas sin definir su alcance, lo que podría permitir que empleados públicos se nieguen a ofrecer servicios a la comunidad LGBTQ+.
- Exclusión en servicios esenciales: Profesionales de la salud, trabajadores sociales y funcionarios públicos podrían rechazar atender a personas LGBTQ+, afectando su acceso a justicia, educación y bienestar.
- Restauración del principio de ‘separados pero iguales’: La legislación permitiría que ciudadanos sean segregados de servicios esenciales basándose en la identidad de género u orientación sexual, en un retroceso similar a la doctrina segregacionista del pasado.
- Inmunidad para profesionales: La Sección 15 concede protección legal a médicos, enfermeros, psicólogos y abogados para que puedan negarse a atender a personas que no compartan su religión.
- Riesgo en áreas críticas: Un doctor podría negarse a atender a un paciente LGBTQ+ en una emergencia, un policía podría rechazar procesar una querella de violencia doméstica si la víctima es LGBTQ+ y un trabajador social podría negarse a intervenir en casos de menores en peligro si su orientación sexual o identidad de género no concuerda con sus creencias.
La ponencia de la Federación enfatizó que el proyecto entra en conflicto con precedentes federales como Obergefell v. Hodges (2015), que reconoce el matrimonio igualitario en EE.UU., y Bostock v. Clayton County (2020), que protege a las personas LGBTQ+ contra la discriminación laboral. De aprobarse, el PS1 podría ser impugnado en los tribunales por contravenir principios constitucionales establecidos.
«La fe no puede ser excusa para discriminar»
El panel religioso de la Federación LGBTQ+ —compuesto por líderes de distintas denominaciones— reafirmó su compromiso con una fe basada en la inclusión y el respeto. «Nuestra fe nos llama al amor y la solidaridad, no al prejuicio ni al discrimen. Este proyecto no protege la libertad religiosa, sino que la usa como excusa para negar derechos», sostuvo Sumayah Soler.
En esa misma línea, el reverendo George González Medrano señaló: «Jesús nos enseñó que quienes entran primero en su reino son aquellas personas que la sociedad margina y vulnera. Jamás podemos utilizar nuestras creencias para negarle un servicio a una persona. Como líderes de fe, nos oponemos a este proyecto que es lo opuesto al amor, la empatía y la compasión a la que somos llamados las y los cristianos».
Llamado al Senado: detener la medida y abrir el debate
Tanto el CAAPR como la Federación LGBTQ+ exigieron que el Senado reabra el debate y permita la participación de todas las partes afectadas antes de tomar una decisión. «El Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de todas las personas, sin privilegios para ningún sector. Esta medida es un intento burdo de complacer a sectores fundamentalistas en menosprecio de otros ciudadanos», afirmó la licenciada Ada M. Conde Vidal, presidenta de la Comisión para Combatir el Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género del CAAPR.
Ambas organizaciones reiteraron su llamado a los senadores y senadoras a rechazar el PS1, advirtiendo que su aprobación representaría un grave retroceso en las protecciones contra la discriminación en Puerto Rico.
«La libertad religiosa es un derecho, pero no puede ser utilizada como una herramienta de exclusión y desigualdad. Si el Senado permite que esta medida avance, estará comprometiendo la dignidad y los derechos de miles de ciudadanos», concluyó el doctor Luis Rivera Pagán.
