Organización advierte que las medidas del Senado 1 y 350 atentan contra los derechos humanos y el acceso a la salud de personas trans
SAN JUAN, Puerto Rico – La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico urgió este martes a la gobernadora Jennifer González Colón a vetar dos controvertidos proyectos legislativos que, según la organización, vulneran derechos fundamentales y promueven el discrimen bajo la apariencia de proteger la libertad religiosa y la niñez.
En un llamado directo a la mandataria, el presidente de la Federación, Pedro Julio Serrano, sostuvo que los Proyectos del Senado 1 y 350 representan una amenaza a las garantías constitucionales de igualdad y dignidad. “Le pedimos a la gobernadora que no dé paso a estos proyectos que abren la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad se cumplan”, expresó Serrano.
El Proyecto del Senado 1 permitiría a empleados públicos y profesionales regulados invocar sus creencias religiosas para negarse a ofrecer servicios, lo que, a juicio de la Federación, podría dejar a miles de personas vulnerables —incluidas aquellas de la comunidad LGBTQ+— sin acceso a servicios esenciales. “Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito”, añadió el portavoz.
Por su parte, Ivana Fred Millán, directora de la entidad, condenó el Proyecto del Senado 350, que propone penalizar a padres y profesionales de la salud que proporcionen tratamientos de afirmación de género a menores de 21 años. “Este proyecto representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans”, manifestó. “Convertirlo en ley sería cruel e inhumano”.
Las expresiones surgen en un momento en que la gobernadora ya ha expresado su intención de firmar el Proyecto del Senado 1, asegurando que garantizará los servicios a la ciudadanía sin permitir discriminación. No obstante, sectores sociales y profesionales de la salud han reiterado su preocupación sobre las implicaciones prácticas de estas medidas.
La Federación LGBTQ+ —compuesta por más de 90 organizaciones y cientos de activistas— ha reiterado que seguirá movilizándose para detener ambas propuestas, que consideran incompatibles con un gobierno que, según recuerdan, prometió gobernar “para todos los puertorriqueños”.
La decisión final de la gobernadora sobre estos proyectos marcará un punto clave en el rumbo de su administración respecto a los derechos civiles y la equidad en la isla.
