Organización exige investigación tras arrestos de hombres gays y bisexuales y señala violaciones a acuerdos con la Policía y el FBI
SAN JUAN, Puerto Rico — La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció la presunta violación de derechos civiles de hombres gays y bisexuales detenidos durante un operativo de la Policía el pasado miércoles en la ciudad de Ponce. Según la entidad, el procedimiento se llevó a cabo en contravención directa a acuerdos previos entre el movimiento LGBTQ+, la Policía de Puerto Rico y el FBI.
“Este tipo de operativo va en contra de los protocolos, órdenes y políticas de la Policía. De inmediato, nos comunicamos con el Comisionado Joseph González para pedirle una investigación y se comprometió a indagar”, declaró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
La denuncia se enmarca en un contexto de colaboración entre la comunidad LGBTQ+ y las autoridades, que incluyó acuerdos firmados en diciembre de 2024 para evitar precisamente estos escenarios de presunto abuso. “Tan reciente como diciembre del año pasado, llegamos a unos acuerdos con la Policía y con el FBI para que no se vulneren los derechos civiles de las personas LGBTQ+. Luego, en marzo de este año, nos reunimos con el Comisionado González para reiterar dicho acuerdo. Sin embargo, un operativo de esta índole volvió a suceder”, sostuvo Serrano.
El activista confirmó que ya se han radicado querellas ante la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, la cual inició una investigación formal sobre lo ocurrido. La Federación también condenó lo que considera una práctica recurrente de entrampamiento y criminalización injusta hacia hombres que tienen sexo con otros hombres.
“Exigimos que se detenga esta práctica de inmediato, pues estos casos se caen porque son falsos los cargos, existe entrampamiento y nunca hubo transacción de dinero. Estos operativos vulneran la salud mental de los implicados al ser expuestos públicamente, negándoles el debido proceso de ley”, denunció Serrano.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico representa a cientos de personas a título individual y a más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas. Su misión es promover la equidad y proteger los derechos humanos en la Isla.
