San Juan, 20 feb (EFE News) – Representantes de campamentos de Guánica, Yauco y Guayanilla, acompañados por otras familias, presentaron este jueves un manifiesto donde, entre otros, hicieron un llamado a que «cese de inmediato la amenaza constante de removerles de los campamentos, a la participación ciudadana y a que el gobierno ponga a la disposición de quienes perdieron sus casas las fincas, solares y casas reposeidas por los bancos, expropiadas o abandonadas, que estén en lugares seguros».
«La mayoría de nosotros, desplazados internos, queremos quedarnos en nuestros pueblos, y queremos que el gobierno nos hable claro. No nos informan sobre cuáles son los planes y ayudas que tienen, nosotros estamos ciegos y el gobierno es quien tiene los ojos», señaló, Benjamín Vélez de Guánica.
Entre las denuncias incluidas en el documento, Rosa Maria Oliveras de Guayanilla destacó que «las amenazas con que tenemos que desalojar los campamentos porque, si no lo hacemos, nos van a remover a nuestros hijos por tenerlos en sitios inseguros».
«Se hace urgente visitar campamentos para conocernos e identificar nuestras necesidades, reclamos y opciones de vivienda que tenemos, ofrecemos y exigimos. Nadie conoce nuestra situación y las opciones disponibles en nuestras áreas mejor que nosotros y nosotras», dijo, por su parte, Marta Toro Ortiz de Guayanilla, al tiempo que reclamó que el gobierno haga un censo de las necesidades y preferencias de cada familia.
Para las familias desplazadas, el alquiler «mes a mes no es aceptable porque los caseros no aceptan tales contratos. Los contratos mensuales representan una mayor inseguridad de vivienda. Las listas de espera para Sección 8 pueden ser de un año. Además, el gobierno ha negado ayudas a quienes tienen ingresos mayores a 1.100 mensuales, que equivalen a 13.200 dólares anuales».
Los representantes de campamento expresaron su desconfianza en las inspecciones de las viviendas declaradas como seguras, añadiendo que no tienen los medios para pagar porque un ingeniero estructural las evalúe e indicaron que no quieren enviar a sus hijos a las escuelas, pues algunas fueron certificadas como «seguras» un día y «al siguiente se cayeron».
