Moshayra Vicente pide que el Ejecutivo promueva evaluación apelativa del fallo absolutorio emitido el 6 de febrero
SAN JUAN, Puerto Rico – Moshayra Vicente Cruz y sus hijos acudieron ayer a La Fortaleza para entregar personalmente una carta dirigida a la gobernadora Jenniffer González Colón, en la que solicitan una reunión oficial para discutir la posibilidad de que se impulse una revisión judicial del fallo absolutorio emitido en el caso por el asesinato del biólogo Robert Antonio Viqueira Ríos.
La determinación fue emitida el 6 de febrero de 2026 por el Tribunal de Primera Instancia en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Eduardo Meléndez Velázquez, en el que el acusado fue absuelto de los cargos presentados en su contra .
En la carta, fechada el 25 de febrero, Vicente Cruz se identifica como “sobreviviente y testigo presencial del asesinato” de su esposo y señala que la absolución ha tenido “un impacto profundo y doloroso” para su familia .
Tras conocerse el fallo, la familia sostuvo el 18 de febrero una reunión con la secretaria de Justicia, el jefe de los fiscales y el procurador general de Puerto Rico con el propósito de auscultar la posibilidad de elevar el caso en revisión ante un foro apelativo. Sin embargo, según consta en la comunicación dirigida a la gobernadora, “esa gestión no prosperó” .
La controversia jurídica gira en torno a la aplicación de la figura de legítima defensa, fundamento central de la absolución. En la misiva, la familia plantea que esa interpretación presenta “interrogantes jurídicas sustanciales que ameritan una evaluación adicional por un foro revisor” .
Vicente Cruz subraya que la solicitud no busca interferir con la independencia judicial ni anticipar un resultado específico. La carta establece que “nuestra solicitud no pretende que el Ejecutivo anticipe el resultado ni sustituya el criterio judicial”, sino que impulse que la controversia sea sometida al tribunal correspondiente para que ejerza su función constitucional .
La familia argumenta que permitir que un tribunal apelativo examine la determinación fortalecería el Estado de Derecho y la confianza pública en las instituciones. De no proceder la revisión, sostienen que debe ser una determinación judicial formal la que cierre esa posibilidad y no una decisión administrativa previa.
El caso ha generado discusión pública por el alcance de la legítima defensa en contextos de violencia dentro del hogar y por los límites que establece el ordenamiento jurídico para apelar absoluciones en procesos criminales.
Con la entrega formal de la carta en La Fortaleza, la familia Viqueira Vicente busca abrir un canal de diálogo directo con la gobernadora para explorar las alternativas legales disponibles dentro del marco constitucional vigente.
