Justicia evalúa un referido del presidente del Senado sobre el proceso de contratación tras la destitución de Blanca Medina Díaz
SAN JUAN, Puerto Rico
El Departamento de la Familia aseguró el jueves que el controvertido contrato de $38.5 millones en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) era «un borrador de trabajo».
Suzanne Roig Fuertes, secretaria de la Familia, explicó en declaraciones escritas que el documento que ha sido presentado públicamente como supuesto contrato no contiene la firma de ninguna de las partes, elemento indispensable para sostener que se trata de un acuerdo formalmente suscrito.
«Un borrador preparado como parte de un proceso de evaluación no equivale a un contrato formal. En este caso, no hubo adjudicación ni firma que convirtiera ese documento en un contrato vigente. Confundir ambas etapas únicamente genera una impresión equivocada sobre lo ocurrido», expresó Roig Fuertes.
El Departamento añadió que presentar un borrador como prueba de la existencia de un contrato omite una distinción fundamental entre los documentos que se generan durante una evaluación y el resultado final de un proceso contractual.
«Invitamos a que este asunto se examine con rigurosidad, seriedad y con la debida comprensión de los procesos administrativos, pero también con la responsabilidad y el respeto que merecen las instituciones públicas y, sobre todo, el pueblo de Puerto Rico. Un borrador es un borrador; no una adjudicación ni un contrato firmado», concluyó la secretaria.
El miércoles, el Departamento de Justicia confirmó que recibió un referido del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, relacionado con este proceso de contratación en la ADSEF.
El referido llegó después de que fuera despedida la administradora de la ADSEF, Blanca Medina Díaz, tras negarse a firmar ese supuesto contrato de $38 millones con una empresa de educación.
Medina Díaz alegó que desde el Departamento de la Familia se le presionó para que firmara el mencionado acuerdo, mientras que Roig Fuertes denunció el miércoles que la exfuncionaria amenazó con agredirla.
Justicia cuenta con un término de 15 días laborables para realizar una evaluación preliminar y notificar al Panel sobre el FEI si existe o no causa suficiente para iniciar una investigación. Ese término vence el 22 de octubre de 2026.
