San Juan, 19 de octubre de 2021 (EFE) – La falta de transparencia y el derecho de acceso a información pública por parte del Gobierno de Puerto Rico han sido las características más destacadas en el pasado año en la isla, según un informe elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con motivo de su 77 Asamblea General Virtual.
De acuerdo con el informe del SIP, el Departamento de Salud ha limitado la información sobre la pandemia de covid-19, pues luego de que en un tiempo dieran las estadísticas diarias, la agencia decidió detallarlas en promedio.
En esta misma línea, dos miembros del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos del Departamento de Salud (SMICRC), y dos directoras, entre ellas, Fabiola Cruz, renunciaron por la falta de transparencia.
Cruz recomendó a Yonaica Plaza a dirigir el ente, pero esta posteriormente también renunció al puesto, denunciando que su trabajo para el Departamento de Salud se vio limitado por la Oficina de Epidemiología ante la falta de acceso a la información.
«La información no sale a la luz de manera clara y mis principios profesionales y personales no me permiten continuar haciendo el trabajo de manera eficiente y organizada», dijo Plaza en su carta de renuncia.
En agosto, otros tres miembros del SMICRC renunciaron ante la falta de transparencia del Departamento de Salud.
Por su parte, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico ocultó durante cuatro meses las causas de pérdida de acreditación del Programa de Neurocirugía, a pesar de los reclamos de los medios, entre ellos el diario «El Nuevo Día».
Por otra parte, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) acudió a los tribunales en contra de los secretarios de Desarrollo Económico y de Hacienda, ante la negativa a divulgar información relacionada con inversionistas residentes y los incentivos contributivos que reciben.
Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó a la Policía la divulgación de información sobre el uso de fuerza por parte de los agentes, pero limitó que se divulguen datos personales de víctimas, testigos y menores de edad.
El Poder Judicial, sin embargo, negó acceso a información judicial bajo pretexto del derecho a la intimidad en casos de feminicidios, pese a que los familiares de las víctimas exigían la divulgación.
La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo rechazó cuatro peticiones de reconsideración presentadas por los gremios periodísticos.
Ante ese evento, nació la Alianza Pro-Transparencia, creada por el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, con el objetivo de fiscalizar al Poder Judicial de la forma que se fiscaliza a las otras ramas de gobierno.
En abril, mientras tanto, el gobernador Pedro Pierluisi firmó una orden ejecutiva para fomentar mayor transparencia en la contratación de servicios profesionales, los que deben ser procesos abiertos, competitivos y públicos.
Finalmente, en agosto, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, anunció una nueva plataforma digital sobre gastos por nóminas y contratos, registro de cabilderos, desempeño de legisladores y trabajo de las comisiones.
