Líderes comunitarios y opositores denuncian riesgos ambientales y exigen una transición más rápida
SAN JUAN, Puerto Rico – La Cámara de Representantes aprobó este jueves el Proyecto de la Cámara 267, el cual extiende hasta el 31 de diciembre de 2032 la operación de la planta de carbón AES en Guayama, en un intento por garantizar la estabilidad del sistema eléctrico mientras se desarrolla infraestructura de energía renovable.
La medida, impulsada por La Fortaleza, introduce cambios a la política energética de Puerto Rico, que inicialmente establecía el fin del uso de carbón en 2028. Según el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, la extensión es una medida de prudencia para evitar interrupciones en el servicio eléctrico.
“La quema de carbón no está autorizada más allá del 2032, pero el cierre inmediato en 2028 sin una alternativa viable podría ser catastrófico. Estamos dando margen para asegurar que la transición sea ordenada”, justificó Méndez Núñez.
Durante la votación, la pieza legislativa recibió 30 votos a favor y 16 en contra. Entre los opositores se encuentran representantes del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad, quienes denunciaron que la extensión de AES pone en riesgo la salud y el medio ambiente.
Oposición alerta sobre impactos ambientales y de salud
El representante Fernando Sanabria Colón (PNP), único legislador de su delegación en votar en contra, señaló que su decisión responde al reclamo de las comunidades del sur, afectadas por las emisiones de la planta.
“Mi voto simboliza el sentir de mis constituyentes. No es menos cierto que las comunidades de Guayama y Salinas no quieren la carbonera en el área sur”, manifestó Sanabria Colón.
La representante Adriana Gutiérrez Colón (PIP) destacó que estudios del Recinto de Ciencias Médicas han identificado a Guayama como uno de los municipios con mayor incidencia de cáncer en la isla. “Es inaceptable que el gobierno siga protegiendo a AES en lugar de proteger la salud de nuestra gente”, subrayó.
Por su parte, la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, criticó la extensión, asegurando que “no resuelve la crisis real de energía” y que perpetúa la dependencia de combustibles fósiles en vez de acelerar la transición a fuentes renovables.
Exigen postura clara de la alcaldesa de Salinas
En medio de la controversia, el secretario de Asuntos Ambientales del PIP, Víctor Alvarado Guzmán, criticó el silencio de la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, ante la solicitud de rechazar la extensión del contrato de AES.
“El alcalde de Guayama, O’Brian Vázquez Molina, se ha expresado en contra del aplazamiento. ¿Por qué la alcaldesa de Salinas guarda silencio?”, cuestionó Alvarado Guzmán, quien recordó que en 2013 Bonilla Colón firmó una ordenanza municipal para prohibir el uso de cenizas de carbón en su municipio.
Según el activista, la ingeniería Ingrid Vila Biaggi ha demostrado que la producción de AES puede ser reemplazada en 2027 sin necesidad de extender su operación hasta 2032.
Mientras el gobierno defiende la medida como una solución transitoria, las críticas continúan acumulándose desde diversos sectores. La propuesta ahora pasará al Senado, donde se anticipa un debate intenso sobre su viabilidad y las implicaciones para la salud pública y el medioambiente.
