Eileen Vélez declaró ante la Cámara que no avaló negociaciones para bajar sanciones administrativas y defendió que la ley facultaba al DTOP a fiscalizar y suspender estaciones
SAN JUAN, Puerto Rico – La exsecretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, dijo este martes ante la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes que desconoce quién negoció la reducción de miles de dólares en multas administrativas impuestas a centros de inspección vehicular.
Durante la vista pública, Vélez sostuvo que el Reglamento 9526 y la Ley 22 de Vehículos y Tránsito facultan a la División de Investigaciones e Inspección, adscrita a la Directoría de Servicios al Conductor, a fiscalizar las estaciones de inspección y suspender operaciones cuando sea necesario. A la vez, afirmó que nunca respaldó actuaciones fuera de ley.
“Según lo que está escrito en la Ley 22, es el DTOP que establece esas multas. ¿Por qué se estaban reduciendo o negociando? No sé… y nunca puede ser porque sí”, respondió la exfuncionaria al presidente de la comisión, José “Cheito” Hernández Concepción.
Vélez, quien dirigió la agencia de enero de 2021 a diciembre de 2024, defendió el manejo de su administración y aseguró que cumplió con lo requerido como secretaria. También indicó que los procedimientos estaban establecidos y que la ley era clara sobre el proceso que debía seguirse.
La exfuncionaria declaró inicialmente bajo juramento que no recordaba haber firmado referidos al Departamento de Justicia recomendados por la División de Investigaciones e Inspección, entonces dirigida por Arturo Deliz, tras el hallazgo de ventas de marbetes fraudulentos en decenas de estaciones.
Más adelante, sin embargo, aclaró que sí recibió múltiples referidos y que sostuvo reuniones con la Policía de Puerto Rico, aunque dijo no recordar si esos encuentros estaban relacionados específicamente con los centros de inspección u otras pesquisas dentro del DTOP.
“Fuimos bastantes críticos en la parte de investigación del fraude de los centros de inspección, porque sabíamos que estaba pasando”, afirmó Vélez. También pidió que se revisaran los expedientes para evitar que se concluyera que no se hizo nada desde la agencia.
Hernández Concepción informó que requerirá a la actual jefatura del DTOP la entrega de una bitácora que, según Vélez, debe contener todos los referidos formulados por DISCO durante su incumbencia. El legislador advirtió además que, al concluir la investigación, radicará legislación para crear un nuevo reglamento en DISCO y corregir vacíos en la Ley 22 sobre las infracciones.
El presidente cameral de la comisión sostuvo que esas multas, al constituir posibles delitos, debieron referirse al Departamento de Justicia. A su juicio, la falta de documentación sobre los procesos realizados por DISCO para emitir multas y clausurar centros de inspección evidencia deficiencias legales y administrativas.
A la vista también fue citado Deliz, pero fue excusado mediante una carta enviada por su abogada, Lindsay López. La representante legal informó que su cliente fue entrevistado por Justicia como testigo ante la División de Integridad Pública y que se le advirtió no hablar sobre esa investigación luego de ser interrogado entre el 16 y el 31 de marzo de este año.
La abogada añadió que el testimonio de Deliz es parte fundamental del proceso, luego de que Justicia recomendara el pasado viernes un Fiscal Especial Independiente contra la exsecretaria del Departamento de la Familia, Ciary Pérez Peña, vinculada a uno de los centros de inspección bajo investigación. Hernández Concepción dijo que se reserva el derecho de citar nuevamente a Deliz mientras evalúa las próximas acciones de la Cámara.
