San Juan, EFE – El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció este miércoles la expansión de la carretera PR-10, que transcurrirá 7.6 kilómetros de Utuado a Adjuntas -ambos en el centro de la isla- a un costo de 540 millones de dólares.
Esta conexión, además de beneficiar el desarrollo socioeconómico de la zona, reducirá el tiempo en el transporte de equipos y personal de servicio vital durante situaciones de emergencia, indicó La Fortaleza en un comunicado de prensa.
«El impacto de este proyecto incluye garantizar una cadena ininterrumpida de suministro de alimentos y servicios, que sabemos que se vieron afectados luego del huracán María en esta zona», sostuvo Pierluisi en la nota.
«Además, provee mejor accesibilidad a escuelas, hospitales y agencias del gobierno para los residentes de la zona rural por medio de una carretera segura y resiliente, construida para resistir desastres futuros, tales como huracanes y terremotos», agregó.
La obra recorrerá además 20 puentes y cerca de 30 cuerpos de agua a lo largo de uno de los terrenos más empinados de la isla, agregó La Fortaleza.
«La calidad de nuestros puentes y carreteras tiene un impacto directo en la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico, por lo que no nos vamos a detener en el trabajo que estamos haciendo», afirmó el gobernador.
El proyecto generará aproximadamente 9,720 empleos para los residentes de la zona central, traducidos en 5,400 directos, 3,780 indirectos y 540 inducidos.
Los 540 millones de dólares provienen mediante un acuerdo entre el Departamento de la Vivienda y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico.
Pierluisi explicó que los fondos para el proyecto provienen del Programa para la Mitigación en la Infraestructura que administra el Departamento de la Vivienda, brindando a Puerto Rico una oportunidad significativa para implementar proyectos estratégicos que mejoren la infraestructura crítica.
Por su parte, el secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, dijo que la construcción de la PR-10 es el primer proyecto cubierto que aprobó el Departamento de Vivienda federal a consecuencia de los desastres del año 2017.
«Un proyecto como este requiere de un análisis extenso de costo-beneficio que logramos producir y que se tradujo en aprobación, demostrando la confianza de las agencias federales en la gestión del Gobierno de Puerto Rico», aseguró.
