Quito, 12 may (EFE) – Grupos de derechos humanos y organizaciones indígenas de la Amazonía de Ecuador exigieron este martes al Gobierno que emprenda acciones coordinadas para atender a más de sesenta comunidades afectadas por un vertido petrolero ocurrido por la reciente rotura de dos oleoductos.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, en un comunicado, expresó su «profunda preocupación por la situación de salud de las comunidades afectadas por el derrame petrolero», que ha contaminado a dos ríos amazónicos: Napo y Coca.
Ese grupo requirió al Ministerio de Salud que coordine con la organización indígena de la zona, a fin de ejecutar «acciones de intervención y respuesta».
Según información que dispone ese grupo, unos 15.800 barriles de petróleo se derramaron en el sector de San Rafael y contaminaron los afluentes, cuando un socavón rompió el estatal Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el privado Oleoducto de Crudos Pesados, en el sector de San Rafael, muy cerca del volcán Reventador.
Se calcula, añadió, que el impacto sanitario del desastre afecta a unos 120,000 personas y a «105 comunidades indígenas de las nacionalidades Kichwa y Shuar», que habitan en la provincia amazónica de Napo.
Asimismo, el grupo humanitario dijo que ha recibido denuncias de que el impacto ambiental afecta a otras 60 comunidades de las provincias de Francisco de Orellana y de Sucumbíos, sobre todo por infecciones cutáneas, dolores de cabeza permanentes y mareos.
La Alianza advirtió de que también cuatro comunidades de las afectadas «presentan síntomas asociados al COVID-19, sin que hasta la fecha se hayan realizado los procesos de testeo, con el fin de confirmar o descartar este hecho y tomar las medidas de atención necesarias».
«Llamamos de forma urgente» a las autoridades para «atender inmediatamente la emergencia sanitaria de los afectados por el derrame petrolero, a través del despliegue de brigadas médicas que estén capacitadas» para atender las afecciones propias del vertido como de la posible presencia del coronavirus y otras enfermedades tropicales como el dengue, añadió la ONG.
«La población afectada merece atención prioritaria no sólo porque son víctimas de un desastre ambiental que pudo ser previsible (anticipado), sino porque todas sus fuentes de alimentación y agua fueron destruidas, dejándoles totalmente desprotegidos, enfermos y con hambre», apostilló la Alianza humanitaria.
El pasado lunes Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana afectados por el derrame de petróleo y por las repercusiones del contagio del COVID-19.
AI, en un escrito, recordó que el Estado ecuatoriano debe guiarse por el derecho internacional de los derechos humanos en su respuesta a la emergencia causada por el derrame de petróleo.
