San Juan (EFE) – Integrantes de la Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM) exigieron este jueves al Gobierno de Puerto Rico acciones concretas contra la violencia de género, en la semana en que se conmemora el Día internacional de la Mujer Trabajadora.
En su resolución, la CPM solicita una investigación de los procedimientos llevados a cabo en los reclamos de justicia de Linnette Morales Vázquez, quien fue asesinada por su expareja el pasado 24 de enero, horas después de que se suspendiera una vista preliminar en el Tribunal de Ponce por el delito de maltrato.
Las organizaciones demandan asimismo que el Gobierno trascienda las lamentaciones cuando ocurren manifestaciones dramáticas de la violencia machista y revise y modifique el sistema de selección de las juezas y jueces, para sacar del medio la política partidista.
«El sangriento comienzo del año 2024 con cinco feminicidios ha opacado las esperanzas que albergábamos (…) de que habría un nuevo amanecer para vivir en paz, libres del discrimen por género, del cual la violencia machista es su más grave y degradante manifestación», comienza la resolución.
Al momento de redactar el documento, cinco mujeres habían sido asesinadas en situaciones de violencia de género. Ese número se elevó a seis esta semana, con el asesinato de Marisol Muñiz en Aguada.
«La Coordinadora Paz para las Mujeres se une al sentimiento de indignación nacional por el fallido proceso legal en el que se atendió la solicitud de protección y de justicia que instó Linnette Morales Vázquez; situación que ocurre en muchos otros casos, como nos lo recuerdan el de Andrea Ruiz Costas y el de Karla Rodríguez Báez», expresaron las integrantes de la Coalición.
La organización propone que el Estado desarrolle campañas publicitarias educativas amplias, sostenidas, masivas sobre la violencia machista que incluyan información sobre los servicios de protección existentes, los recursos legales disponibles, las señales de alerta, entre otros aspectos.
Además, exigen que este trabajo mediático de prevención se realice «en consulta con personas especializadas en violencia de género y las organizaciones que les ofrecen servicios a las mujeres sobrevivientes, sus hijas e hijos».
CPM pide al Gobierno de Puerto Rico, particularmente al gobernador Pedro Pierluisi, que cumpla con su obligación legal de nombrar a las personas que deben integrar la Junta Reguladora de Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, la cual ha estado vacante e inactiva por tiempo indefinido.
Esta violación del estado de derecho vigente es la causa por la cual los programas de «desvío» existentes carecen de las certificaciones y de la supervisión indispensable para garantizar su efectividad con los agresores que se acogen a sus servicios como condición de una sentencia en probatoria.
El feminicida en el caso de Andrea Ruiz Costas participó de un programa de desvío al ser convicto por violencia doméstica con una pareja anterior: «Lo fallido de ese programa quedó evidenciado con el feminicidio de Andrea», lamentó el comunicado.
La resolución fue enviada al gobernador Pierluisi, a los presidentes de los cuerpos legislativos y a las presidentas de las Comisiones de la Mujer y a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, entre otros.
