La organización El Otro Puerto Rico presentó abarcadora propuesta para crear una política pública que permita la vivienda asequible y se detenga el desplazamiento
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
La organización sin fines de lucro El Otro Puerto Rico, presentó una abarcadora propuesta para atender la crisis de vivienda en Puerto Rico que incluye reformular el sistema de alquileres a corto plazo para evitar el desplazamiento, atender el problema de los estorbos públicos y lograr la eliminación de la Ley 22, entre otros.
En rueda de prensa, portavoces de la organización entre los que estaban profesores, investigadores y economistas, adelantaron que le presentarán a todos los candidatos a la gobernación la propuesta de unas 35 páginas y que crearía la Ley de Acceso a la Vivienda Digna.
De esa forma emplazaron a Jennifer González, a Jesús Manuel Ortiz, Juan Dalmau y Javier Jiménez para que en o antes del viernes, 30 de agosto, definan con claridad cómo planifican atender la problemática de la vivienda y cuál es su posición en torno a la propuesta de El Otro Puerto Rico.
“No es un proyecto de ley. Son unos lineamientos de política pública que buscan que de cara a enero del 2025 se presente en la Asamblea Legislativa y se pueda aprobar lo que nosotros estamos denominando la Ley de Acceso a la Vivienda Digna”, dijo el abogado Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de la organización. Dichos lineamientos atajan la crisis de desplazamiento y garantizan el derecho a la vivienda a cada puertorriqueño, “y su derecho a quedarse en Puerto Rico, o a regresar en el caso de los millones que están en la diáspora”.
La crisis de la vivienda afecta la economía porque dificulta la movilidad social y los más afectados casi siempre son las poblaciones de jóvenes, mujeres madres de familia, envejecientes y personas que viven ene comunidades pobres o racializadas.
“Actualmente el 22% de las viviendas en Puerto Rico se encuentran desocupadas o abandonadas lo que brinda un mercado enorme para que especuladores o inversionistas multimillonarios ajenos a Puerto Rico compren propiedades al por mayor y produzcan un aumento estrepitoso en el valor de las propiedades y en los alquileres de vivienda”, sostuvo Ortiz Menchaca
“La crisis de vivienda en Puerto Rico es un problema que requiere soluciones integrales. Nuestra propuesta no solo aborda la necesidad de vivienda asequible, sino que también busca estabilizar el mercado de alquiler y regular las actividades comerciales que afectan la disponibilidad de viviendas», expresó Ortiz Menchaca.
La propuesta tiene nueve áreas programáticas centrales:
1. Establecer el acceso a la vivienda digna, segura y asequible para cada puertorriqueño/a.
2. Detener los procesos de desplazamiento de comunidades.
3. Estabilizar los cánones de alquiler.
4. Garantizar a cada puertorriqueño/a la oportunidad de ser propietario de un hogar.
5. Regular las actividades comerciales en el sector turístico.
6. Introducir el principio de uso, necesidad y tenencia responsable a la hora de resolver disputas sobre titularidad.
7. Añadir 107,000 unidades de vivienda asequible a nuestro mercado de vivienda.
8. Reducir en un 35% el inventario de propiedades en estado de desuso o abandono en Puerto Rico.
9. Erradicar la construcción ilegal en la Zona Marítimo Terrestre.
La economista y profesora Martha Quiñones agregó que, “nuestro análisis económico demuestra que la estabilización de los alquileres y la creación de nuevas unidades de vivienda asequible son cruciales para mitigar la inflación inmobiliaria y evitar el desplazamiento de nuestras comunidades. Esta propuesta es un paso esencial hacia un Puerto Rico más justo y equitativo.»
Christina Mojica, analista de Política Pública de El Otro Puerto Rico, subrayó la importancia de la participación comunitaria en el desarrollo de la propuesta. «Hemos trabajado con los sectores que han sufrido la crisis de vivienda. Sus experiencias y aportes han sido vitales para anclar nuestras propuestas en la realidad cotidiana de nuestra gente.»
«La derogación de la Ley 22 de 2012 es un paso esencial para frenar el acaparamiento desmedido de propiedades y la evasión contributiva que promueve el lavado de dinero. Además, proponemos la creación de la Oficina de Regulación del Arrendamiento, adscrita al Departamento de la Vivienda, que se encargará de la regulación de alquileres a largo y corto plazo por demarcación territorial y necesidad de mercado”, detalló Mojica.
Ortiz Menchaca explicó que la propuesta reconoce que los arrendamientos a corto plazo son una actividad comercial que debe estar sujeta a las mismas regulaciones y cargas contributivas que pesan sobre cualquier comercio. A tales fines, proponen limitar la operación de estos comercios a zonas comerciales y establecer permisos especiales para su operación en zonas donde coexisten viviendas y comercios. Además, se crearía un Registro de Propietarios de arrendamientos a corto plazo y se desarrollaría un procedimiento administrativo adjudicativo para querellas y multas a propietarios que incumplan con las regulaciones establecidas.
Sobre los arrendamientos a largo plazo, Ortiz Menchaca añadió, “recomendamos que se implemente una regulación temporal sobre los cánones de alquiler a largo plazo y que se establezca un equipo multidisciplinario dentro de una Oficina de Regulación del Arrendamiento para estudiar el comportamiento del mercado de vivienda en este renglón. En los municipios o zonas más afectadas por la inflación inmobiliaria, debe establecerse un tope de renta y permitir que los inquilinos se querellen contra propietarios que no cumplan con los cánones establecidos. Esta medida solo existirá hasta que se añada la cantidad de viviendas necesarias para estabilizar el mercado de vivienda del país».
De igual manera, la organización propone la creación de un Programa Nacional de Reconstrucción de la Vivienda. “Este programa, que deberá ser administrado por el Departamento de la Vivienda, asegurará el 100% del financiamiento para la adquisición y rehabilitación de propiedades en desuso. Asimismo, permitirá la rehabilitación de viviendas multifamiliares o de uso mixto y facilitará el proceso para la declaración de propiedades como estorbos públicos, costeando los gastos del proceso», explicó Ortiz Menchaca.
La propuesta también incluye la recomendación de crear las Salas Especializadas en Titularidad e Inmuebles en cada región judicial del Tribunal General de Justicia, que resolverán controversias sobre usucapión, herencias y problemas de titularidad para los cuales sugieren enmiendas a la legislación existente.
El catedrático de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y planificador, Raúl Santiago Bartolomei, advirtió que «la vivienda, además de ser una fuente potencial de riqueza, es la infraestructura base que define la fibra de nuestras comunidades. No atender esta crisis llevará a la precarización económica, obstaculizará la movilidad social, llevará al desplazamiento de poblaciones vulnerables y segregará a Puerto Rico entre comunidades más y menos aventajadas».
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Además de la propuesta para derogar la Ley 22 (ahora Ley 60) de inversionistas extranjeros, propusieron dar nuevas facultades, programas y/o mandatos al Departamento de la Vivienda, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la creación de nuevas salas especializadas en el organigrama de nuestro Tribunal General de Justicia. Los entes mencionados tendrían la encomienda de administrar, regular o dirimir sobre los siguientes aspectos:
1. Implementación de regulación de Alquileres a Corto Plazo (ACP)
2. Regulación del cánon de Alquileres a Largo Plazo (ALP)
3. Programa Nacional de Reconstrucción de la Vivienda
4. Cambios en la política pública sobre la Usucapión
5. Cambios en la política pública sobre la administración del caudal relicto de un causante cuando hay propiedades inmuebles en él.
6. Cambios en la política pública sobre la otorgación de títulos de propiedad.
7. Implementar una moratoria y paralización en la construcción costera.
Para más información sobre la propuesta puede acceder www.elotropr.org o las redes sociales de EOPR @elotropr.
