Scott Hempling rechazó una moción radicada fuera de término y afirmó que la evidencia presentada no sostiene el aumento solicitado
SAN JUAN (EFE) – Un examinador del Negociado de Energía de Puerto Rico, a cargo del proceso de revisión de la tarifa base del servicio eléctrico en la isla, rechazó una moción del Gobierno local alegando que ninguna de la evidencia presentada a lo largo del procedimiento sustentó el incremento solicitado.
Según publican este lunes medios locales, el examinador Scott Hempling destacó en una carta que el escrito sometido por la Oficina de Zar de Energía y la Autoridad para Alianzas Público Privadas (AAPP) el pasado 10 de abril fue presentado 11 semanas después de la fecha límite establecida para declaraciones iniciales.
«Esto es vergonzoso para el gobierno, la AAPP y el zar de Energía», sostuvo Hempling en la misiva.
«También es vergonzoso para el abogado que tuvo la mala suerte de haber sido ordenado a presentar esta moción. Cualquier abogado con una pizca de experiencia en derecho administrativo sabría que someter este documento es impropio. La moción es rechazada», sentenció el examinador.
En el escrito, Hempling recordó que, dentro de cualquier proceso adjudicativo formal, un gobierno está sujeto a las mismas reglas que cualquier otra entidad, por lo que para tener algún tipo de efecto en la determinación debe intervenir como una parte de interés.
«En una democracia, hasta un zar debe seguir las reglas», enfatizó Hempling.
El funcionario explicó que, si las dependencias que dirige el ‘zar’ de Energía, Josué Colón, hubieran formalizado desde el inicio su participación en el proceso, hubieran estado sometidas al mismo escrutinio que el resto de las entidades que sometieron información para el récord del caso.
Ante ello, Hempling criticó al Gobierno de Puerto Rico por esperar para entrar en la controversia en un momento que ninguna de las otras partes pudiera responder a sus señalamientos.
«Su ‘moción informativa’ está lejos de ser informativa. Sus ataques hacia LUMA están llenos de adjetivos vacíos que carecen de hechos de récord», apuntó.
«Es un intento burdo de interferir con las decisiones de una agencia administrativa independiente. Si bien la regulación de las utilidades públicas es un asunto principalmente técnico, también es inequivocablemente político. Esta triste moción es política de la peor clase: política por emboscada», afirmó.
