Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan, 29 de septiembre – La exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (ATP), Dorally Rivera Martínez, y otros exfuncionarios de dicha corporación pública, fueron referidos hoy para investigación a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
En la primera reacción al referido realizado por el secretario de Justicia, Rivera Martínez sostuvo que estaba “tranquila y lista para defenderme”.
Emanuelli Hernández recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente para que investigue a Rivera Martínez, a la exdirectora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y en contra de Miguel Santiago Irizarry, quien es el director del Programa de Infraestructura Rural, que tiene a cargo el Fondo de Mejoras Municipales (FMM).
Alegadamente, los ex funcionarios cometieron el delito de malversación de fondos públicos asignados por la Legislatura al FMM, que se nutre con una porción de los dineros del IVU que pertenece a los municipios.
El secretario de Justicia sostuvo que Rivera Martínez también autorizó el uso de un vehículo oficial para que el ingeniero Santiago Irizarry le diera uso privado.
Rivera Martínez tuvo una agria disputa con el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, relacionada con el FMM y fue ella quien refirió el manejo de los dineros del FMM a la Oficina del Contralor y a la Oficina del Inspector General.
“Estoy al tanto desde ayer (del referido de Justicia). No puedo hacer expresiones por recomendación de mi abogado. Lo único que puedo decir es que estoy tranquila y lista para defenderme. Con la conciencia tranquila sobre todo”, dijo Rivera Martínez.
Emanuelli Hernández indicó que los ex funcionarios pudieron violar en el artículo 264 del Código Penal, relativo a la malversación de fondos públicos.
Agregó que la presunta autorización de un vehículo oficial para uso privado podría constituir una violación al artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental.
Sobre este señalamiento Rivera Martínez explicó que tiene «un plan de pago hace dos meses» como parte de un proceso administrativo en la Oficina de Ética Gubernamental.
“Le permití el uso del vehículo (al ingeniero Santiago Irizarry) a un funcionario para que no se interrumpiera el servicio. Es paciente de cáncer y vive en Camuy”, dijo Rivera Martínez.
Además, la investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia reveló que Rivera Martínez, y la exdirectora de Finanzas, autorizaron el desembolso de los fondos del FMM a unas entidades sin fines de lucro, lo cual, según sostiene el comunicado de Justicia, es contrario a la ley.
No obstante, los dineros del FMM son asignados por los legisladores a entidades sin fines de lucro y a municipios y no por los funcionarios que trabajan en el Programa de Infraestructura Rural.
La investigación se originó mediante un referido realizado por González Beiró.
