Tomás Niembro Concha admitió un esquema que provocó pérdidas de al menos $24.9 millones y contribuyó al colapso de Nodus International Bank
SAN JUAN, Puerto Rico – El exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, entidad bancaria internacional con sede en Puerto Rico, se declaró culpable por su participación en un esquema de fraude que resultó en la obtención ilegal de al menos $24.9 millones y en violaciones a sanciones federales relacionadas con Venezuela.
Según documentos judiciales, Tomás Niembro Concha, de 64 años y residente en Miami, conspiró con otros individuos para desviar fondos del banco entre 2017 y 2023, ocultando transacciones y conflictos de interés tanto a la junta de directores como a los reguladores.
El esquema incluyó la inversión de $11 millones en una entidad prestamista en Miami con el propósito de canalizar esos fondos en préstamos para beneficio personal de Niembro y del presidente de la junta, Juan Ramírez. Asimismo, se detalló que ambos indujeron fraudulentamente la compra de al menos 47 pagarés por un total aproximado de $25.3 millones, emitidos por una compañía que ellos mismos controlaban.
De acuerdo con el caso, estas transacciones fueron ocultadas mediante inversiones simuladas, en violación de la ley de Puerto Rico. El esquema contribuyó al colapso de la institución bancaria en 2023, luego de que el regulador, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, notificara que el banco sería liquidado.
Las autoridades federales también señalaron que, entre 2021 y 2023, Niembro participó en transacciones financieras prohibidas con una persona designada bajo sanciones por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su vínculo con la estatal venezolana PDVSA.
Como parte de ese esquema, se diseñó una operación para recuperar una propiedad en Nueva York a través de una empresa intermediaria, en una transacción que violaba directamente las restricciones impuestas por las sanciones estadounidenses.
El exejecutivo se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales. Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Niembro aceptó la confiscación de al menos $16.9 millones, correspondientes a los fondos obtenidos mediante el esquema fraudulento. La sentencia fue pautada para el 8 de junio de 2026.
El caso fue investigado por el Servicio de Impuestos Internos en su división criminal, con apoyo de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico y otras agencias federales.
En declaraciones escritas, autoridades federales señalaron que el acusado utilizó su posición para beneficio personal y que sus acciones “socavan la integridad de nuestro sistema financiero”.
