San Juan (EFE) – La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) hizo públicas este jueves tres querellas contra el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, y otras dos personas por haber contratado a un convicto federal.
Se trata de Edgar A. Cancel Zapata, contra quien pesa también una querella, por ocupar un puesto de médico pese a que estaba inhabilitado para ejercer esa profesión.
En este mismo caso, la otra querella está dirigida contra Luis Cruz Vélez, exdirector de Recursos Humanos del municipio.
La OEG advirtió que los tres se exponen a multas y que deben restituir $8,861 si en el proceso administrativo se les imputa responsabilidad de los actos.
En respuesta, el alcalde de Arecibo aseguró que está «en la mejor disposición de entregar la información que necesiten como parte del proceso investigativo», pero se mostró crítico.
«Hay que recordar que tanto el Departamento de Justicia como la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente hicieron sus respectivas investigaciones y no encontraron evidencia para sostener que yo como primer ejecutivo hubiera hecho algo ilegal con relación a la contratación del Dr. Edgardo Cancel Zapata», indicó.
«Es lamentable que agencias de Gobierno que velan por la salud fiscal se presten para atender querellas basadas en solicitudes político partidistas. Esto lacera la imagen de la agencia, así como la del Gobierno central mientras menoscaba la confianza de los ciudadanos en los funcionarios públicos», denunció.
Ramírez Irizarry concluyó que está confiado en que «la verdad prevalecerá» ya que no ha incurrido «en ningún acto ilegal que envuelva responsabilidad».
