Denuncian tergiversación financiera, exclusión antidemocrática y una crisis humana profunda entre el estudiantado
Por Sirio A. Álvarez
SAN JUAN, Puerto Rico – El Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) exigió este martes la destitución inmediata de la Dra. Zayira Jordán Conde, presidenta del sistema universitario. Durante una conferencia de prensa respaldada por un comunicado oficial, el estudiantado presentó una detallada lista de denuncias que, a su juicio, demuestran que la presidenta ha perdido toda legitimidad para continuar en el cargo.
Entre los señalamientos más contundentes está la acusación de tergiversación deliberada de los estados financieros auditados del sistema UPR. Aunque la certificación 116 correspondiente al año fiscal 2024-2025 reconoce un escenario fiscal complejo, el CGE advirtió que la administración ha presentado erróneamente ese panorama como una crisis de insolvencia inminente.
“Esta tergiversación no es un error inocente”, afirmaron. Según explicaron, se ha utilizado como cortina de humo para justificar cierres arbitrarios de programas académicos y la controversial propuesta de consolidación de rectorías.
Para el estudiantado, esa propuesta no representa eficiencia, sino una centralización de poder, con efectos que debilitan la autonomía universitaria y contradicen abiertamente la Ley Núm. 1 de 1966, que protege la independencia del sistema público de educación superior.
También denunciaron que la Dra. Jordán Conde ha marginado deliberadamente a sectores representativos en la Junta Universitaria, violando el Reglamento General de la UPR y el Reglamento General de Estudiantes. Alegan que decisiones estratégicas se han delegado a asesores externos con claros conflictos de interés, mientras se justifican cierres de programas de alto valor social sin estudios de planificación institucional que los respalden. Advirtieron que estas acciones ponen en riesgo no solo la misión pública de la UPR, sino también su acreditación académica.
Otro de los puntos destacados fue la crítica al discurso adoptado por la presidenta respecto al sistema de retiro de empleados universitarios, respaldando expresiones del exrepresentante Jorge Colberg Toro sobre una supuesta falta de fondos. El CGE rechazó esa narrativa, señalando que el fideicomiso del sistema de retiro cuenta con $1,713 millones al 30 de junio de 2024, y mantiene solvencia proyectada por más de tres décadas. Consideraron este alarmismo como un intento de justificar medidas de austeridad sin base real.
Los efectos acumulados de los recortes presupuestarios también fueron destacados, con base en un análisis del SENCAP. Entre 2017 y 2021, la UPR sufrió reducciones de más del 40% en las asignaciones estatales, lo que provocó aumentos dramáticos en el costo de estudiar. El crédito subgraduado se triplicó, las maestrías subieron 43% y programas profesionales como Derecho y Medicina enfrentaron alzas de hasta 168%.
Según el informe, cada aumento de $100 en matrícula incrementa el riesgo de deserción, y un alza del 10% en los costos reduce entre 3% y 6% la matrícula graduada.
El CGE también presentó resultados del más reciente estudio de necesidades estudiantiles, que reflejan una crisis humana entre la población universitaria. En el Recinto de Río Piedras, con más de 12,000 estudiantes, los hallazgos incluyen:
- 29.6% enfrenta inseguridad de vivienda
- 25% vive inseguridad alimentaria
- 44% vive en carencia financiera, con un 62 % reportando ingresos entre $0 y $500 mensuales
- 30% tiene dificultades serias de transportación
- 40% ha considerado darse de baja total
- 90% necesita acceso a dispositivos tecnológicos
- 57% enfrenta barreras en experiencias de investigación
- 14% reporta sentirse poco o nada seguros en el campus
Ante estos datos, el CGE insistió en que el problema central de la UPR no es la insolvencia, sino el abandono estatal.
“Lo que se necesita no son recortes ni consolidaciones, sino una inversión robusta y sostenida del gobierno de Puerto Rico para garantizar el acceso, la permanencia y el bienestar de su estudiantado”, sentenciaron.
En su mensaje, los estudiantes también acusaron a la Junta de Gobierno de permitir prácticas que violan el debido proceso universitario, como la exclusión de estudiantes en espacios donde se toman las decisiones, la cancelación unilateral de reuniones y la imposición de asesores externos sin transparencia ni legitimidad.
Advirtieron que la propuesta de consolidar rectorías representa la culminación de un patrón de atropellos. Bajo la excusa de “eficiencia”, se desmantelan recintos, se concentra el poder en la administración central y se erosiona la gobernanza compartida, que garantiza la calidad académica y la diversidad institucional. Para el CGE, esta movida es un ataque directo al espíritu democrático de la Ley Universitaria y al mandato del Reglamento General de Estudiantes, que reconoce la voz estudiantil como parte indispensable de la gobernanza.
“La Dra. Zayira Jordán Conde ha perdido toda legitimidad para dirigir la Universidad del Pueblo. Mantenerla en la presidencia expone a la UPR a un colapso de confianza pública, a la pérdida de acreditaciones y al fracaso de su misión histórica”, declararon.
