El Algarrobico, construido a pocos metros del mar, será derribado tras 20 años de batallas legales
Madrid (EFE) – Tras dos décadas de litigios, el Gobierno español dio este martes luz verde al inicio del proceso para expropiar parte de los terrenos donde se ubica el macrohotel El Algarrobico, una mole inhabitada de 20 pisos situada en plena playa, a escasos metros del mar.
Este hotel, ubicado en el municipio de Carboneras, al sur del país, es un icono de los llamados «tiempos del ladrillazo» en España, a principios de este siglo, antes de la crisis de 2008, cuyo plan de derribo permitirá recuperar el paraje natural del Cabo de Gata, según el Gobierno español.
Con 411 habitaciones repartidas en veinte plantas a escasos metros del mar, el hotel comenzó a construirse en 2003. A pesar de las muchas protestas de grupos ecologistas, que iniciaron procesos legales en su contra, continuó la edificación.
En septiembre de 2005, un juzgado dictaminó que la licencia de obras era «ilegal de pleno derecho» por tratarse de una zona protegida no urbanizable y por invadir la servidumbre de protección establecida en la Ley española de Costas, aunque, para entonces, ya estaba construido casi un 95%.
Se inició entonces un largo recorrido judicial en tribunales regionales y nacionales, con recursos, sentencias en segunda instancia y la intervención de la Audiencia Nacional, antes de llegar al Tribunal Supremo español.
El complejo caso de El Algarrobico saltó a la prensa española como uno de los grandes escándalos urbanísticos del litoral y las obras se suspendieron en 2006 por orden judicial.
Ahora, el Gobierno español de Pedro Sánchez ha decidido iniciar el proceso de expropiación para poder proceder a su derribo.
El objetivo es «pasar página sobre un pasado urbanístico, un boom inmobiliario que dejaba a espaldas los ecosistemas y la protección de los espacios naturales», como es el hotel de El Algarrobico, dijo la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
Así, se ha aprobado la declaración de utilidad pública del maacrohotel como paso previo para poder iniciar el procedimiento de expropiación para su demolición, que conllevará la posterior recuperación del paraje natural tras 20 años de reivindicación social.
«El Gobierno se hace responsable de esa demolición y gestión de los residuos; estimamos que el coste puede ascender hasta los siete millones de euros», precisó Aagesen.
Se trata de una edificación construida en terreno protegido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, cuyo suelo, según sentencia del Tribunal Supremo español, no es urbanizable.
