Según la entidad, la cifra excede significativamente el estimado original de $370 millones que hizo el Congreso de Estados Unidos del costo que tendría la Ley Promesa
San Juan, Puerto Rico (EFE) – La organización Espacios Abiertos, que promueve un gobierno abierto y mayor transparencia fiscal, denunció este miércoles que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha gastado más de $2,000 millones en consultores, asesores y abogados.
De acuerdo con la entidad, dicha cantidad excede significativamente el estimado original de $370 millones que hizo el Congreso de Estados Unidos del costo que tendría la Ley Promesa, la norma aprobada por el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, para reestructurar la deuda de sobre $73,000 millones.
“Con ese nivel multimillonario de gasto es alarmante la falta de transparencia de la Junta y la pobre de fiscalización de la Junta a esos efectos por el Congreso y el Gobierno de Puerto Rico”, dijo en un comunicado Daniel Santamaría Ots, economista y director de investigación de Espacios Abiertos.
Según el más reciente informe de Espacios Abiertos, al presente, la JSF ha gastado $308,111,005 para aquellos consultores y representación legal contratados fuera del proceso de Título III.
El ente ha pagado también $1,702,517,144 para aquellos consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el Tribunal Federal y $11,329,555 para el oficial examinador, para un total de $2,021,957,705.
En el año 2023, un informe de Espacios Abiertos calculaba el gasto de la Junta en poco más de $1,500 millones.
Ahora, al actualizar los datos a diciembre de 2024, la organización identificó que el gasto en consultores continuó y se elevó en más de $520 millones, un aumento en gastos de consultoría de un 34.77%, para un total acumulado pagado a consultores hasta el primer trimestre de 2024 de $2,021,957,705.
Incluso, Espacios Abiertos alegó que la JSF no ha incluido en sus informes el 84.8% del total de desembolsos que se ha hecho con cargo al bolsillo de los puertorriqueños.
La organización mencionó además que el ente fiscal ha solicitado aumentar de $50,000 a $100,000 a partida que retienen mensualmente sus representantes legales.
