Acueductos sostiene que la planta de Betances no tiene capacidad para suplir los 1.25 millones de galones diarios que estima necesitar el desarrollo, mientras Recursos Naturales mantiene activa una impugnación sobre el deslinde y Cabo Rojo condiciona su endoso
SAN JUAN, Puerto Rico
El proyecto Esencia volvió a ser examinado en el Senado con el suministro de agua, el proceso de permisos, el deslinde de la zona marítimo terrestre y las condiciones impuestas por el Municipio de Cabo Rojo entre los principales asuntos discutidos.
La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, presidida por Thomas Rivera Schatz, recibió en vista pública a representantes de la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación y el Municipio Autónomo de Cabo Rojo para discutir el desarrollo propuesto para el sector Monte Carlo del barrio Boquerón.
La comparecencia forma parte de la investigación ordenada mediante dos resoluciones del Senado: una presentada por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el senador Adrián González Costa, y otra por el senador Eliezer Molina Pérez.
La vista se celebró después de que, en una comparecencia anterior de la misma investigación, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Compañía de Turismo se manifestaran en contra del proyecto. Los proponentes de Esencia también comparecieron ante la comisión durante la mañana.
Uno de los asuntos principales volvió a ser la capacidad para suplir agua al desarrollo. Según la información presentada ante el Senado, Esencia estima que necesitará 1,253,306 galones diarios.
Acueductos certificó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que la planta de filtración de Betances no tiene capacidad de diseño para atender esa demanda. Para hacerlo serían necesarias obras que aumenten su capacidad de filtración y distribución.
Recursos Naturales ha autorizado en al menos tres ocasiones —mayo de 2025, junio de 2026 y julio de 2026— trabajos de perforación, ampliación y sellado de barrenos de prueba y pozos de monitoreo.
El secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles Pérez, indicó que cualquier franquicia futura para extraer agua estará condicionada a que el proponente presente un Plan de Mitigación de Intrusión Salina.
Quiles Pérez sostuvo que, si el desarrollador demuestra científicamente que una extracción de 1.5 millones de galones diarios no afecta los acuíferos colindantes utilizados por Acueductos ni provoca intrusión salina, tendría “la obligación ministerial y legal de otorgar la franquicia de agua”.
Molina Pérez respondió al secretario que “no existe ahora mismo la capacidad de la demanda del agua”.
El alcalde de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch, también centró parte de su ponencia en ese asunto. El municipio mantiene una posición condicionada sobre Esencia y plantea que no debe aprobarse sin controles, pero tampoco rechazarse antes de que termine el proceso técnico.
El desarrollador ha propuesto operar con medidas de autosuficiencia en agua mediante pozos, captación de lluvia, tratamiento y reúso, además de generación solar, almacenamiento y respaldo para reducir su dependencia de la red eléctrica pública.
Morales Wiscovitch sostuvo que esa autosuficiencia “no puede aceptarse únicamente porque así lo plantee el desarrollador” y que debe ser demostrada, evaluada y fiscalizada por las agencias con jurisdicción.
“Cabo Rojo no puede ni debe quedarse sin agua para suplir este proyecto”, advirtió el alcalde.
El endoso conceptual municipal incluido en su memorial expira el 27 de octubre de 2026 y establece varias condiciones. Entre ellas, dispone que el endoso quedaría “sin efecto” si Acueductos advierte “baja presión de agua” durante la construcción u operación de Esencia, a menos que el proyecto realice una mejora significativa del servicio en el sector o demuestre que puede funcionar independientemente del sistema colectivo.
El alcalde también aclaró que nunca fue propietario de los terrenos adquiridos para el proyecto y que no recibió dinero por su venta.
“Cabo Rojo no está vendiendo su pueblo”, afirmó.
Morales Wiscovitch reclamó, además, que beneficios anunciados por el proyecto, como la generación de empleos locales y el acceso público a la playa, puedan medirse y verificarse. También advirtió que los contribuyentes de Cabo Rojo no deben subsidiar los costos que un desarrollo de esa magnitud pueda generar sobre el sistema municipal de relleno sanitario.
En el área ambiental, Recursos Naturales informó que continúa activa una impugnación relacionada con el deslinde del límite interior tierra adentro de la zona marítimo terrestre.
El deslinde fue certificado inicialmente el 28 de agosto de 2024, pero posteriormente la propia Secretaría de Recursos Naturales lo dejó sin efecto. Una nueva certificación fue emitida el 12 de mayo de 2025.
La segunda certificación fue impugnada ante el Tribunal de Apelaciones. El Panel IX ordenó el 10 de octubre de 2025 que se repitiera el proceso de notificación debido a un defecto de forma relacionado con la omisión de advertencias legales, sin cuestionar el fondo de la determinación.
El proponente volvió a notificar a los colindantes y al municipio el 8 de junio de 2026. Sin embargo, el 26 de junio Recursos Naturales recibió una nueva impugnación, identificada como la querella 26-222-AG, que permanece activa ante la Oficina de Oficiales Examinadores.
Quiles Pérez también presentó al Senado documentación sobre las salvaguardas incorporadas a la Declaración de Impacto Ambiental y el estado de las solicitudes de agua.
“La función del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no es promover ni detener proyectos por criterios ideológicos o presiones políticas”, sostuvo el secretario, quien afirmó que corresponde a la agencia “aplicar la ley y el reglamento, con el más estricto rigor científico”.
La Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada por la Oficina de Gerencia de Permisos el 23 de diciembre de 2025.
Como parte de ese proceso, el proponente informó que eliminó completamente la huella de los hoyos de golf que colindaban con humedales y manglares y amplió hasta 50 metros las zonas de amortiguamiento.
También eliminó 143,117 pies cuadrados de infraestructura que originalmente estaría destinada a placas solares. Además, redujo en 741,956 pies cuadrados la huella de uno de los campos de golf y en 65,326 pies cuadrados el lote del club de golf.
En relación con el sistema cárstico existente en el predio, Recursos Naturales exigió una franja permanente de amortiguamiento de 50 metros alrededor de una cueva identificada en los terrenos. Dentro de esa zona estará prohibido el paso de maquinaria pesada y la hinca de pilotes de cimentación.
Por su parte, la secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos, Edmée Zeidan Cuebas, aseguró a preguntas de Rivera Schatz que durante los procesos relacionados con Esencia no se ha demostrado trato preferencial hacia los proponentes.
Zeidan Cuebas entregó a la comisión el expediente administrativo completo correspondiente a la Declaración de Impacto Ambiental y la Consulta de Ubicación.
La funcionaria recalcó que ambos procedimientos son de naturaleza ambiental y de planificación y que ninguna de esas determinaciones constituye por sí sola un permiso de construcción ni autoriza irrestrictamente las obras contempladas por Esencia.
Según explicó, el proyecto todavía está sujeto a etapas posteriores del proceso de permisos y necesita endosos, franquicias y autorizaciones adicionales de otras agencias con jurisdicción.
A preguntas del senador Jeison Rosa Ramos, Zeidan Cuebas indicó que el proceso está sujeto a auditorías y que una obra podría ser paralizada. También explicó al senador Ángel Toledo López que, si la Oficina de Gerencia de Permisos concede un permiso y posteriormente sus condiciones son incumplidas, el proyecto podría ser detenido.
La agencia también se puso a disposición del Senado para incorporar a una eventual reforma del sistema de permisos cualquier área de mejora identificada mediante la investigación legislativa.
El presidente de la Junta de Planificación, Héctor A. Morales Martínez, sostuvo que, conforme a la normativa vigente, corresponde a la Oficina de Gerencia de Permisos y a los municipios autónomos evaluar las consultas de ubicación.
Morales Martínez confirmó que la Junta Adjudicativa de la Oficina de Gerencia de Permisos tuvo ante sí la Declaración de Impacto Ambiental Final de Esencia y la aprobó mediante una Resolución de Determinación de Cumplimiento Ambiental fechada el 23 de diciembre de 2025.
“La Junta de Planificación no trabaja documentos ambientales ni permisos”, puntualizó Morales Martínez.
El funcionario señaló a la Oficina de Gerencia de Permisos, Recursos Naturales y Acueductos como las entidades con capacidad técnica para responder las interrogantes de la comisión en esas materias.
Las comparecencias mantienen bajo examen legislativo un proyecto que todavía enfrenta procesos administrativos pendientes y cuya propuesta para suplir su demanda de agua deberá superar evaluaciones adicionales.
Esencia, Cabo Rojo
