Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan, (11 de febrero de 2022) – En lo que representa un nuevo escándalo en ciernes que podría involucrar el mal manejo de fondos públicos, legisladores de ambos partidos habrían asignado a tres corporaciones sin fines de lucro una cantidad sustancial de los fondos del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), para contratar decenas de personas que, alegadamente, ofrecen determinados servicios en sus municipios y distritos senatoriales, en violación a las disposiciones que ordenan destinar el dinero exclusivamente para obras permanentes.
El flujo de fondos públicos a las tres corporaciones sin fines de lucro se habría canalizado a través del Programa de Infraestructura Rural de la Autoridad de Tierras (AT), que recibe los fondos acumulados en el FMM. De acuerdo con fuentes de EyBoricua.com, los legisladores habrían violado las disposiciones que regulan el gasto de los fondos debido a que la contratación de servicios no figura como un gasto autorizado para los fondos acumulados en el FMM.
El FMM es un fondo del que los legisladores pueden asignar ayudas para atender reclamos de los sectores que representan y que popularmente se conoce como un “barril de tocino”. El FMM es administrado por el Departamento de Hacienda y figura como un requerimiento del Código de Rentas Internas.
El FMM se nutre del 0.1 % de la parte del IVU que pertenece a los municipios. La ley 173 del 2020 enmendó el Código de Rentas Internas para ordenar que los fondos acumulados en el FMM serían depositados en el Programa de Infraestructura Rural de la AT. Esta división de la AT tendría la responsabilidad de distribuir las asignaciones presentadas por los legisladores. El trámite requería la aprobación de la división de finanzas de la AT.
La ley 173 establece que el 50% de los fondos acumulados en el FMM será distribuido proporcionalmente entre los ocho distritos senatoriales y el 50% restante será distribuido entre los 40 distritos representativos.
Contratación de servicios no es un uso prioritario
Pero el Código de Rentas Internas dispone que los fondos de FMM tiene seis usos prioritarios entre los cuales no está incluido la contratación de servicios o de individuos para que ofrezcan determinados servicios. Las contrataciones aceptadas son exclusivamente para realizar obras y mejoras permanentes como edificios, estructuras deportivas, viviendas e infraestructura.
Los seis usos prioritarios del FMM son mejoras a escuelas públicas; obras y mejoras permanentes en comunidades de escasos recursos; obras y mejoras permanentes en residenciales públicos; obras y mejoras permanentes en facilidades recreativas y deportivas; obras y mejoras permanentes y obras de rehabilitación o construcción de viviendas para personas de escasos recursos.
Según la fuente, una de las corporaciones sin fines de lucro que se habría beneficiado de la contratación de servicios o de individuos, utilizando los fondos que la AT distribuye siguiendo las resoluciones de los legisladores, pertenece al ex cantante de reguetón, Héctor Delgado, mejor conocido como “Héctor El Father”, quien en la actualidad es un pastor de la iglesia evangélica.
El pasado año trascendió que la corporación sin fines de lucro Azriel, que pertenece a Delgado, habría logrado un acuerdo con la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) para remodelar la Comandancia de la Policía en Carolina. Alegadamente, la AEP y determinadas corporaciones sin fines de lucro, que habrían recibido asignaciones legislativas, trabajarían en la remodelación de 11 comandancias y 112 cuarteles.
La iniciativa se conoce como “Adopta un cuartel”, la cual es auspiciada por el senador Henry Neumann Zayas.
Tres corporaciones han recibido asignaciones significativas
La fuente indicó que, aunque hay decenas de corporaciones sin fines de lucro que pueden acceder a los fondos del FMM, existen tres que han recibido asignaciones significativas, las cuales no cumplen con el requisito de “obras y mejoras permanentes”, según lo dispone el Código de Rentas Internas.
Según la fuente, en enero la división legal de la AT detectó un “patrón preocupante” en la asignación de los fondos del FMM a determinadas corporaciones sin fines de lucro por el Programa de Infraestructura Rural.
“Las transferencias se realizaban por cantidades considerables y con cierta frecuencia a entidades sin fines de lucro”, dijo la fuente.
Tras la detección del patrón, la distribución de fondos del FMM fue detenido en la AT, lo que desató la furia de determinados legisladores, quienes comenzaron a quejarse ante el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.
Incluso, la pasada semana el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, solicitó a la AT un informe detallado sobre las peticiones realizadas por los legisladores y el trámite que se le ha dado en el Programa de Infraestructura Rural, tras las denuncias de miembros de delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara, sobre el atraso en tramitar la asignación de fondos del FMM.
El pasado lunes 31 de enero, González Beiró sostuvo una reunión con Doralis Rivera, directora ejecutiva de la AT, quien presentó su preocupación sobre que los dineros del FMM “no se estuviesen distribuyendo según lo dispone el Código de Rentas Internas”.
Despido causa altercado entre secretario y representante
La fuente indicó que González Beiró despidió a la directora de finanzas de la AT, Astrid Rivera, quien autorizaba el envío de los fondos a las corporaciones sin fines de lucro.
Alegadamente, Rivera era una protegida del representante y expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez. El despido de la empleada de la AT causó una fuerte discusión entre González Beiró y Méndez en los pasados días.
Además, González Beiró ordenó una “auditoría externa” del Programa de Infraestructura Rural y de la división legal de la AT. No obstante, la fuente señaló que la auditoría fue encomendada a dos contratistas de la Administración de Desarrollo Agropecuario, y uno de ellos es el licenciado Dennis Seilhamer, hijo del ex senador Larry Seilhamer, quien no es contador y no tiene experiencia en auditorías de fondos públicos.
“Estos contratistas han secuestrado todos los expedientes del Programa de Infraestructura Rural por orden del Secretario”, dijo la fuente.
Ante la situación, la directora de la AT refirió para investigación a la Oficina del Inspector General y a la Oficina del Contralor, el manejo de los fondos del FMM que se realizó en la división de finanzas de la AT.
