Vivimos tiempos en que la distracción política parece ser una herramienta para desviar nuestra atención de los problemas reales y graves que enfrenta nuestro pueblo.
En lugar de profundizar en los asuntos de corrupción y en cómo las prácticas ilegales parecen enraizarse en el sistema de permisos, somos guiados, a veces manipulados, para focalizarnos en debates políticos que, si bien pueden ser relevantes, no abordan la raíz de nuestros problemas más profundos.
Mientras nosotros debatimos, el caso de Sol y Playa, un ejemplo emblemático de crimen ambiental y desafío a la justicia, queda en un segundo plano, olvidado en medio de la vorágine política.
En vez de analizar cómo los delitos ambientales están ganando terreno en nuestro país, muchos medios, aparentemente pagados por entidades con agendas políticas, nos saturan con la misma retórica: la competencia entre Jennifer González y Pedro Pierluisi por la gobernación, algo que ya se sabía, eclipsando otras noticias significativas como la renuncia de Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, al PNP para unirse a Proyecto Dignidad.
Además, el conflicto entre González y Pierluisi opacó la noticia de una supuesta amenaza recibida por la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez, algo referido directamente al FBI, pero pasado por alto por muchos.
Mientras, las verdaderas cuestiones que afectan a la gente, como la violencia, los problemas con LUMA y la crisis de salud, son eclipsadas por la corrupción. Es la corrupción la que nos afecta día a día, y el caso de Sol y Playa es un ejemplo palpable de ello.
El juez Quiñones Portalatín expresó su frustración ante la resistencia de los dueños de Sol y Playa para acatar la ley. Se ordenó el arresto de la presidenta de la junta, María Isabel Negrón García, un acto que se convirtió en un espectáculo mediático pero que subraya la gravedad de la ilegalidad presente.
En la sala de juicio, se le aseguró a Quiñones Portalatín que comenzaría la construcción para reparar el daño ambiental el 2 de octubre, pero ahora, el inicio es incierto. La expectativa era que el juez se mantuviera firme, pero desafortunadamente, no fue así.
Pareciera que ni las agencias gubernamentales ni los tribunales pueden hacer frente a la red de corrupción que controla la construcción en Puerto Rico. Lo que ocurrió con Sol y Playa probablemente seguirá sucediendo en otros lugares del país donde los que violan la ley tienen padrinos políticos.
Y aquel que tiene padrino, se bautiza.
El fallo del juez Portalatín, o mejor dicho, su falta de acción, afecta la percepción pública sobre la judicatura y disminuye la credibilidad y el respeto del pueblo hacia su figura. Si permitimos que la corrupción prevalezca, perdemos el apoyo del pueblo, y cualquier cosa que se diga después será inconsecuente. El pueblo esperaba acciones concretas, no juegos políticos. Al final, parece que el muro ilegal tiene más poder que el tribunal.
Por Sandra Rodríguez Cotto
