Por Marcos Pérez Ramírez
Especial para EyBoricua.com
(San Juan)- Tras un mes y tres días de revelada la primera entrega de la pesquisa periodística Cantera de Corrupción, una colaboración entre EyBoricua.com y Bonita Radio, la agencia de protección ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) colocó al tope de sus prioridades el caso de la cantera ilegal que Caribbean Island Construction (CIC) estableció en la zona protegida del karso, en Arecibo.
EPA cuenta con recursos especializados liderando la pesquisa, con conocimiento técnico y peritaje en las áreas de ingeniería ambiental, permisos, jurisprudencia relacionada al Clean Water Act, así como a un especialista en ríos que viajó desde Estados Unidos para trabajar en el caso, según fuentes de EyBoricua.com, quienes también detallaron que la agencia cuenta con evidencia robusta sobre los posibles crímenes ambientales allí cometidos.
Asimismo, el pasado miércoles la agencia federal inspeccionó las inmediaciones de la Planta de Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez junto a personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USCAE, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
La inspección del pasado miércoles fue confirmada por dos fuentes de EyBoricua.com y fue parte de las argumentaciones que hicieron las partes durante la vista administrativa del viernes 22 de julio, en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en la que se discutió la orden de cese y desista que la secretaria interina, licenciada Anaís Rodríguez, emitió el 24 de junio contra las operaciones de CIC.
Esta nueva información sobre el desarrollo de la pesquisa federal coincide con la visita hoy a Puerto Rico del administrador de EPA, Michael S. Regan, como parte de la última fase de su gira ‘Viaje a la justicia’.
Según explicó la agencia federal mediante una comunicación oficial, la gira del señor Regan busca “destacar las preocupaciones de justicia ambiental de comunidades históricamente marginadas, y escuchar de primera mano a los residentes que lidian con los graves impactos de la contaminación en estas áreas”.
Asimismo, el pasado 6 de julio EPA ordenó al desarrollador de Cliff Villas, en Aguadilla, a detener las descargas de aguas de escorrentías y usadas al mar, y advirtió entonces que esa orden “es la última de una serie de medidas de aplicación adoptadas para hacer frente a las violaciones de las aguas pluviales de las obras de construcción en toda la isla. La EPA considera prioritario asegurar el cumplimiento de la Ley de Aguas Limpias debido al aumento de la actividad de construcción en todo Puerto Rico, especialmente en las zonas costeras”.
En su comunicación sobre el caso de Cliff Villas, la agencia federal explicó que “cuando llueve, las aguas pluviales arrastran la tierra suelta de una obra, junto con diversos materiales y productos almacenados en el exterior. A medida que las aguas pluviales fluyen por la obra, pueden recoger contaminantes como sedimentos, escombros y productos químicos de esa tierra suelta y transportarlos a sistemas de alcantarillado pluvial cercanos o directamente en ríos, lagos o aguas costeras”.
El Licenciado Miguel Torres Torres, quien representa a CIC en el caso de la cantera ilegal que la empresa estableció en Arecibo, funge también como abogado del desarrollo The Cliff, en Aguadilla.
Tanto la licenciada Mildred Sotomayor Bourbon, representante del interés público del DRNA en el caso de CIC, como el abogado Torres Torres se refirieron a la inspección de la agencia federal durante la vista del viernes 22 de julio, a la que la agencia nombró a un contratista privado como oficial examinador, según revelara un reportaje de EyBoricua.com.
“Tenemos conocimiento que la EPA también intervino. Desconocemos cuál sería el resultado de esa intervención de la EPA, pero EPA estuvo interviniendo precisamente con respecto Clean Water Act, respecto al mal manejo, de las medidas de control y sedimentación”, dijo la licenciada Mildred Sotomayor Bourbon en una de sus alocuciones en la vista en las que representó al interés público y el DRNA ante CIC.
EyBoricua.com se comunicó con la oficial de comunicaciones de EPA en Puerto Rico, Brenda Reyes, quien contestó que «no pueden denegar ni confirmar» la información al momento por tratarse de una pesquisa en curso.
UN MES DE PESQUISAS PERIODÍSTICAS
El desarrollo del caso surge a un mes y tres días de que comenzara a publicar la pesquisa periodística Cantera de Corrupción, en colaboración entre EyBoricua.com y Bonita Radio, revelara cómo CIC fue contratada por la AAA para dragar el embalse que alimenta al Superacueducto, pero en su lugar estableció una cantera sin permisos en la zona protegida del karso que operaba mediante pagos en efectivo.
En el embalse de la Planta de Filtros Dr. Antonio Santiago operaba una actividad de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena, a pesar de que el documento que establece la relación entre las partes solo habla de dragado y remoción de sedimentos crudos del embalse. Asimismo, la documentación relacionada a este caso consignó varias violaciones de leyes ambientales en las jurisdicciones local y federal.
Dos días después de reveladas las primeras entregas de la pesquisa periodística, el DRNA emitió una orden de cese y desista contra CIC. El documento le imputa a CIC nueve infracciones a cinco leyes ambientales de Puerto Rico y constata que la operación no cuenta con los debidos permisos, franquicias y endosos de las agencias de Puerto Rico y Estados Unidos, requeridos para las actividades de cantera que la empresa lleva a cabo en la zona de protección especial del karso.
Asimismo, el DRNA le exige a CIC presentar un plan de forestación, restauración y mitigación de conformidad con los requerimientos técnicos de la Agencia.
“Todos y cada uno de los actos imputados se realizaron sin contar con los permisos, autorizaciones, franquicias y endosos estatales y federales necesarios, impactando y modificando hábitat natural; extracción, remoción, creación, de caminos y eliminación de árboles y vegetación afectando y poniendo en riesgo elementos críticos identificados, pudiendo causar efectos o alteración de patrones esenciales de comportamiento normal como la reproducción, alimentación o su refugio, tanto para especies terrestres como especies acuáticas, unas que habitan el mogote y otras dentro del embalse que se nutre Del Río Grande de Arecibo. Utilización de aguas públicas sin contar con los permisos y franquicia requerida, mediante conducta temeraria, contumaz y en abierto menosprecio a las Órdenes de Paralización emitidas por los Vigilantes del DRNA”, dice la orden del DRNA en un apartado donde resume los hechos del caso.
La segunda entrega de la serie investigativa Cantera de Corrupción reveló las conexiones de políticos del PNP y consultores, así como un exsecretario del DRNA, ahora consultor del proponente, candidatos derrotados a alcaldías y operativos políticos, que laboran desde la gerencia intermedia de las agencias de permisos y fiscalización sin que hayan hecho nada para impedir las posibles violaciones ambientales y el negocio viabilizado con un contrato gubernamental.
Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), región 2, anunció el 27 de junio que estaba investigando la operación que CIC estableció en la zona protegida del karso.
“La EPA se enteró recientemente de este caso y actualmente está bajo investigación. La EPA también tiene que coordinar la investigación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE) bajo la Ley de Ríos y Puertos y la Ley de Agua Limpia. Se requieren permisos de la Sección 10 de la Ley de Ríos y Puertos y/o la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia para la construcción de estructuras o se necesita relleno para realizar el trabajo dentro de las Aguas de los Estados Unidos”, dijo Carmen Guerrero, Directora División de Protección Ambiental del Caribe, EPA Región 2, en una comunicación oficial enviada a EyBoricua.com y Bonita Radio.
Finalmente, el DRNA emplazó el 30 de junio con una orden de cese y desista a Carlos Rodríguez Camacho, presidente de CIC, quien estaba a cargo de la operación del arenero ilegal que la empresa instaló en la zona protegida del karso sin permisos, luego de que se dilatara el proceso de diligenciamiento de la orden.
La pesquisa desarrollada por EyBoricua y Bonita Radio narra en esta historia multimedios cómo funcionaba la cantera que opera CIC.
