Demandan a empresa por mal uso de fondos públicos y graves fallas operacionales en la institución de Juana Díaz
SAN JUAN, Puerto Rico – En medio de una crisis financiera y de servicios que amenaza la estabilidad de la Casa del Veterano en Juana Díaz, el gobierno de Puerto Rico dio el primer paso para cancelar el contrato del operador privado Ambassador Veteran Services (AVS), a quien también demandó por daños que superan los $9.4 millones.
Así lo reveló este jueves el procurador del Veterano, Agustín Montañez, durante una vista pública ante la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos de la Cámara de Representantes, que investiga las múltiples deficiencias en el centro que ofrece servicios prolongados a veteranos de las Fuerzas Armadas.
“El operador actual de la instalación ha incurrido en serios incumplimientos del contrato de operación vigente con el gobierno de Puerto Rico, con los cuales ha comprometido la calidad de los servicios y la seguridad de sus residentes”, sostuvo Montañez en su ponencia escrita.
La situación, advirtió el funcionario, se agravó luego de que AVS se acogiera a la quiebra en junio, arrastrando consigo deudas millonarias con diversas agencias públicas, lo que ha resultado incluso en embargos de fondos federales por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS) destinados al funcionamiento de la instalación.
Según la Oficina del Procurador del Veterano (OPV), la empresa acumula deudas que incluyen más de $1.7 millones con LUMA Energy, sobre $650,000 con el Departamento de Hacienda, más de $225,000 con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y cerca de $125,000 con el Departamento del Trabajo.
Montañez detalló que recientemente AVS notificó que no tenía fondos para cubrir la nómina de empleados, lo que pudo haber repetido el impago registrado a finales de 2024 y que provocó una huelga el pasado 1 de enero. No obstante, la compañía logró emitir los pagos correspondientes.
De forma contundente, el procurador denunció que mientras la empresa alega insolvencia, su único propietario, Timothy Sadler, continúa recibiendo pagos mensuales entre $40,000 y $50,000 provenientes de las rentas que pagan los propios residentes del centro. “Esta conducta se considera particularmente reprochable y posiblemente ilegal”, expresó Montañez.
Entre las medidas inmediatas adoptadas por la OPV, se declaró un estado de emergencia operacional y se inició un proceso legal para cancelar el contrato de AVS a través del Departamento de Justicia. Asimismo, la OPV mantiene la fiscalización del plan correctivo que la empresa sometió y que fue aprobado por el Departamento de Asuntos del Veterano de EE.UU.
También se coordina con La Fortaleza para garantizar la continuidad de los servicios de salud y cuidado domiciliario si AVS falla en sus funciones durante el proceso de quiebra.
Por su parte, el presidente de la comisión legislativa, José Aponte Hernández, expresó que “la Cámara de Representantes tiene un interés apremiante en que esto se dé en una forma apropiada”, y respaldó públicamente las gestiones de la OPV. “Si nosotros le cumplimos a los que se han puesto a disposición de la libertad y la democracia, seremos responsables”, afirmó.
Licencias en riesgo
Montañez también informó que AVS aún espera por la renovación de la licencia que emite el Departamento de la Familia para los servicios domiciliarios, tras no entregar a tiempo la documentación requerida. La empresa indicó que el pasado 25 de junio solicitó instrucciones a la Oficina de Licenciamiento en medio del proceso de quiebra, pero el asunto sigue sin resolución.
Por otro lado, la licencia del Departamento de Salud que permite la operación del área de “Nursing Home” está vigente hasta el 19 de julio de 2025 y ya fue renovada. Actualmente, la Casa del Veterano alberga a 110 personas, de las cuales 104 están en cuidado prolongado y seis en el área domiciliaria.
Pese a que AVS había confirmado su asistencia a la audiencia pública, ningún portavoz compareció ante la citación. Ante esa incomparecencia, Aponte Hernández advirtió que la comisión acudirá al tribunal para forzar la comparecencia de los administradores bajo apercibimiento de desacato.
A la vista asistieron también los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz, Lisie Burgos Muñiz y Ramón Torres Cruz.
