El sector privado reclama eliminar la Comisión Evaluadora por falta de balance y representación, mientras líderes sindicales defienden su permanencia y los aumentos aprobados
El futuro de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo provocó un nuevo choque entre organizaciones empresariales y grupos sindicales, en medio de la evaluación legislativa de una medida que busca devolver a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo en Puerto Rico.
“En este momento el debate debe centrarse en el organismo al que le han entregado el poder. Lo que está en juego es el modelo de gobernanza económica que queremos para el futuro de Puerto Rico”, afirmó Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA.
El sector privado sostiene que la controversia no gira en torno a si los trabajadores deben recibir mejores salarios, sino sobre quién tiene autoridad para tomar decisiones salariales con impacto sobre patronos, empleados, consumidores y la economía. Una decena de organizaciones reclamó eliminar la Comisión al cuestionar su legitimidad, imparcialidad y representatividad.
“La Comisión fue una mala idea desde el inicio, lo cual se ha hecho evidente al cabo de cinco años desde su creación. Nunca ha contado con sus siete comisionados, pero se le permitió operar con cinco”, añadió Reyes.
Las organizaciones empresariales advierten que una mayoría simple de tres personas no electas puede tomar decisiones sobre toda la economía. También cuestionan que la Comisión tenga poder sobre temas como empleados por propinas, salario mínimo agrícola y clasificaciones de empleados exentos.
“Esta Comisión no cuenta con los elementos trascendentales para manejar una agenda tan sensitiva de país”, sostuvo Sonia Navarro, presidenta de ASORE.
Al otro lado del debate, líderes sindicales defendieron ante la Cámara la permanencia de la Ley de Salario Mínimo y de la Comisión Evaluadora, al asegurar que el estatuto ha beneficiado a más de 250,000 trabajadores.
“Cuando se benefician 250,000 trabajadores en el país… eso es un dato que hay que celebrarlo y que, por lo tanto, algo bueno salió desde la Legislatura que debemos defender”, expresó Emilio Nieves Torres, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores.
Nieves Torres sostuvo que los indicadores del Departamento del Trabajo debilitan el argumento de que el aumento salarial provoca pérdida de empleos o cierres de negocios.
“Estos datos derrumban el argumento de que el aumento en el salario mínimo provoca pérdida de empleos o cierres de negocios. Por el contrario, confirman que mejorar el ingreso de los trabajadores dinamiza la economía”, puntualizó.
La controversia ocurre mientras se evalúa el Proyecto de la Cámara 1115, del representante Roberto López Román, que propone devolver a la Legislatura la autoridad final sobre el salario mínimo estatal. El legislador ha señalado que la Comisión ha enfrentado periodos de inacción por falta de quórum, aunque negó que su intención sea congelar el salario mínimo actual de $10.50 por hora.
Los sindicatos reconocen que la Comisión puede fortalecerse, pero rechazan su eliminación. Defienden que el organismo ofrece un mecanismo técnico para evaluar el costo de vida, la pobreza y las condiciones económicas antes de revisar el salario mínimo.
El choque deja planteada una disputa de fondo: si las decisiones salariales deben estar en manos de un organismo especializado, aunque cuestionado por su composición y funcionamiento, o si deben regresar al control directo de funcionarios electos mediante legislación.
