San Juan – Empresarios turísticos se expresaron a favor de la aprobación de dos medidas que fortalecerían las reglamentaciones a los alquileres de corto plazo (ACP) tras entender que una vez aprobados complementarán las leyes y reglamentos vigentes, aplicables a toda actividad comercial, y que “muchos dueños y anfitriones de ACP incumplen, sin consecuencias”.
Los empresarios se refieren al Proyecto de la Cámara Número 1557 y al Proyecto de Ordenanza Número 26 (PdeO-26) en el municipio de San Juan, que persiguen el registro y reglamentación de los ACP.
“Llevamos diez años estudiando el segmento de los ACP a nivel global, y hemos presentado a las agencias y organismos gubernamentales pertinentes, propuestas viables para una reglamentación robusta y balanceada, basado en las mejores prácticas implantadas exitosamente en cientos de destinos. Debemos atender estas brechas ahora que la mayoría de los interesados concurren en la imperiosa necesidad de una reglamentación más específica y el registro obligatorio de los ACP”, señaló en comunicado de prensa Xavier A. Ramírez, líder empresarial en Cabo Rojo.
Los empresarios aseguraron reconocer la importancia de los ACP en el sector turístico, no obstante, reclaman que estos deben cumplir con las leyes y requisitos aplicables a toda actividad comercial, y contribuir equitativamente a mantener la infraestructura y los servicios públicos, que utilizan para adelantar sus empresas.
El emprendedor Christian Rivera, con negocios patentados en Caguas y Guánica, denunció que, existen aproximadamente 30,000 ACP, y sobre 84% son apartamentos o casas completas, dedicados 100% al alquiler a corto plazo, y administrados por anfitriones profesionales.
Señalaron que los legisladores no deben amilanarse ante las amenazas de algunas plataformas digitales e inversionistas comerciales de ACP, ya que en 2022 sus ventas excedieron $700 millones, mientras se escaparon del fisco algunos $125 millones en permisos, arbitrios, patentes, y otros requisitos aplicables a todo negocio en Puerto Rico.
“Estos grupos han hecho aseveraciones similares en otros destinos que han atendido valientemente las necesidades de sus constituyentes, implantando con éxito reglamentación similar al PdeO-26 y PC-1557. Consistentemente, las plataformas digitales y los inversionistas comerciales responsables hicieron ajustes para cumplir con las nuevas reglas y continuaron creciendo”, destacó Ramírez.
En adición a las recomendaciones previamente hechas, presentaron siete (7) prácticas que recomiendan implantarse en Puerto Rico como un primer paso para cerrar las brechas y retos creados por los operadores comerciales de ACP.
Indicaron que las plataformas digitales y los agentes de viaje en línea han instituido estas prácticas en cientos de ciudades turísticas del mundo, para atender los retos creados por los operadores comerciales de los ACP.
Las recomendaciones son:
Impulsar públicamente el cumplimiento de nuestras leyes, reglamentos, y ordenanzas aplicables. Solo anunciar ACP debidamente registrados con Turismo (CTPR) y el municipio pertinente. Incluir los números de hoteleros y/o registro municipal del ACP en todos los anuncios y la propiedad. Erradicar propiedades y anfitriones que permiten violaciones a los códigos de orden público. Mensualmente, proporcionar datos a la CTPR y/o al municipio pertinente, sobre los anfitriones y ACP listados en la plataforma; número total de noches reservadas en cada ACP; datos sobre los huéspedes para fortalecer el mercadeo del destino; y datos de operadores profesionales que administran múltiples ACP, que permitan identificar los hoteles fantasmas. Informar al Departamento de Hacienda (Forma 480), los ingresos de los propietarios de ACP, para reconciliar sus planillas, y reducir el lavado de dinero. Utilizar geolocalización y geocercas para asegurar que los ACP listados estén en ubicaciones autorizadas.
“Definitivamente, los proyectos PdeO-26 y PC-1557 requieren varias enmiendas para fortalecerlos, y apoyamos su aprobación, incluyendo los recursos que permitan fiscalizar y reducir las brechas de incumplimiento en los ACP”, concluyó Ramírez.
