San Juan (EFE) – Un empresario puertorriqueño enfrenta 18 cargos, doce de ellos por fraude electrónico y seis por lavado de dinero, por malversar dinero público para adquirir un yate y una casa a un costo de $1 millón cada uno.
El acusado, identificado como Miguel Ángel Colón Molina, dirigió un esquema para malversar dinero del Departamento de la Familia de Puerto Rico y a la ONG Good Morning Foundation, donde fue presidente, tesorero y secretario.
Así lo informó este sábado en un comunicado de prensa el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, luego de que un jurado federal entregara la acusación el pasado día 21 de diciembre.
De acuerdo al pliego acusatorio, la ONG consiguió un contrato multimillonario con el Departamento de la Familia para proveer servicios psicológicos y terapéuticos, recreativos, refugio, comida, transporte, así como servicios médicos a niños y familiares en zonas residenciales.
Así, entre los años 2018 y 2019, Colón usó millones de dólares de fondos por contratos por el gobierno para su uso personal.
Por ello, compró, a nombre de la ONG, un yate de 82 pies de eslora valorado en 1 millón de dólares y una residencia de igual costo en una urbanización en San Juan.
«Seguiremos procesando agresivamente a aquellos que cometen fraude contra programas gubernamentales y privan a aquellos niños y familias de aquellas asistencias del Gobierno», dijo Muldrow.
Por cada uno de los 12 cargos por fraude electrónico, Colón enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, y entre 10 a 20 años por cada cargo de lavado de dinero.
Reaccionan las autoridades locales
La administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Glenda Gerena, dijo este sábado que la agencia trabajó «mano a mano» con las autoridades federales para acusar a un excontratista por fraude electrónico y lavado de dinero.
«Aunque este empresario no ha tenido contratos con ADFAN bajo esta administración, trabajamos mano a mano con las autoridades federales para proveer toda la información que obraba en nuestros expedientes, de cuando este sí los tuvo en años anteriores», sostuvo Gerena.
Gerena aseguró que la Adfan «mantiene una estrecha colaboración con las autoridades estatales y federales durante todo el año, no solo para asistir en casos de arrestos en núcleos familiares donde puedan estar en peligro menores de edad, adultos mayores y con discapacidad, sino también para ser facilitadores en cualquier tipo de investigación criminal».
