La Ley Núm. 56-2026 establece hasta cinco minutos al inicio de la jornada laboral sin carácter obligatorio en agencias del Gobierno de Puerto Rico
SAN JUAN (EFE) – La gobernadora, Jenniffer González Colón, firmó este viernes el Proyecto del Senado 927, medida de su autoría, para impulsar una «cultura de valores» con un tiempo de reflexión voluntaria en las agencias públicas.
Así convirtió la medida en la Ley Núm. 56-2026, conocida como la Ley de Reflexión y Meditación en las agencias, dependencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico.
La nueva legislación establece un espacio voluntario de hasta cinco minutos al inicio de la jornada laboral para que los empleados públicos puedan reflexionar sobre valores fundamentales como el respeto, la honradez, la decencia y la transparencia en el servicio público.
Durante la ceremonia, celebrada en el Salón de los Espejos, la gobernadora estuvo acompañada por líderes del sector religioso y legisladores que respaldaron la aprobación de la medida.
«Hoy firmo una medida que demuestra nuestro compromiso con los valores que deben guiar al servicio público. Esta Ley le permite a cada empleado público comenzar su día con hasta cinco minutos de reflexión, un espacio para conectar con el propósito de servir a nuestro pueblo», expresó González.
La mandataria subrayó que la participación en este periodo es totalmente voluntaria y que bajo ninguna circunstancia podrá imponerse ni conllevar penalidades para quienes decidan no participar.
«Este espacio no es religioso, ni político-partidista, ni ideológico. Respeta plenamente la libertad de culto y la separación de Iglesia y Estado consagradas en nuestra Constitución», puntualizó.
La Ley también dispone que estos cinco minutos forman parte de la jornada laboral y se consideran tiempo trabajado, sin interrumpir los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
Asimismo, cada agencia deberá establecer protocolos para garantizar que el espacio se utilice exclusivamente dentro de los parámetros establecidos.
Entre sus disposiciones principales, la legislación define la reflexión como un proceso de análisis orientado a fortalecer la convivencia y la calidad del servicio público, y prohíbe expresamente el uso del periodo para promover ideas religiosas, político-partidistas o ideológicas.
