Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (18 de diciembre de 2020) – El ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, y el actual comisionado, Rafael Cestero Lopategui, ordenaron retirar las multas emitidas contra aseguradores y ajustadores públicos relacionadas con violaciones en el manejo de reclamaciones producidas por el huracán María y también ordenaron paralizar las investigaciones originadas por querellas presentadas por asegurados, incluyendo la investigación contra la empresa de ajustadores públicos Scott M. Favre Public Adjuster.
La información surge de una denuncia recibida por la redacción de EyBoricua.com, la cual fue enviada por un grupo de empleados de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), quienes alegan que Rivera Ríos y Cestero Lopategui han tomado decisiones que violan el Código de Seguros y las disposiciones de varias Cartas Normativas emitidas por esa oficina.
La firma Scott M. Favre Public Adjuster, que obtuvo una licencia de emergencia para operar en la isla tras el huracán María, fue contratada por cerca de 40 agencias del gobierno, algunos municipios y empresas privadas. Algunas aseguradoras presentaron más de cuatro querellas en la OCS contra el ajustador público por el aumento desproporcionado de reclamaciones, lo que provocó que la agencia le impusiera varias multas por más de $30,000.
La aseguradora Integrand, actualmente en proceso de liquidación tras una intervención de la OCS, le llegó a solicitar a Rivera Ríos que se inhibiera de contratar a Scott M. Favre Public Adjuster en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, donde el funcionario fungía como presidente de la Junta de Directores, debido al conflicto de intereses que representaba la investigación que, alegadamente, realizaba su oficina contra el ajustador público.
El licenciado Rafael Vázquez González, representante legal de Integrand, indicó que Rivera Ríos no acató el pedido de Integrand. El abogado había denunciado que la empresa de ajustadores públicos llegó a la isla en acuerdo con el licenciado Andrés Guillermad, cuñado del gobernador electo, Pedro Pierluisi.
Según Vázquez González, los contratos que el ajustador público obtuvo en el gobierno fueron por la intervención de Guillemard, quien, alegadamente, cobraba una comisión por tales contrataciones, las cuales fueron realizadas durante los primeros dos años de la administración de Ricardo Rosselló. Este periodista se comunicó con Guillemard, quien negó las acusaciones de Vázquez González.
Aunque la OCS sostuvo en vistas públicas en la Legislatura este año que la investigación contra Scott M. Favre Public Adjuster continuaba, los empleados de la OCS indicaron que esa pesquisa ha sido detenida por orden de Rivera Ríos y de Cestero Lopategui, quien ocupa la posición de Comisionado de Seguros desde enero del 2019, cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garced despidió a Rivera Ríos.
“Algunas de las multas fueron retiradas por instrucciones de Rivera Ríos y Cestero, sin que mediara explicación alguna. En cuanto a las investigaciones, tanto Rivera Ríos como Cestero dieron órdenes de paralizar investigaciones. Un ejemplo de ello, es la investigación que se llevó a cabo contra el ajustador público Scott Favre y su firma”, señaló la denuncia recibida en EyBoricua.com.
Margie Álvarez, portavoz de la OCS, sostuvo que “el Comisionado de Seguros, Lcdo. Rafael Cestero, no reaccionará a los rumores sin evidencia” en la comunicación recibida por EyBoricua.com. Sobre la falta de empleados, Álvarez indicó que Cestero Lopategui había ofrecido explicaciones ante el Comité de Transición. El funcionario sostuvo ante el mencionado comité que la merma en la plantilla de la OCS responde a los recortes en el presupuesto realizados por la Junta de Supervisión Fiscal.
Otra investigación que se ha dilatado inexplicablemente es la que OCS realiza contra la productora de seguros Alice Meléndez y el agente general Prima Group. La querella contra la productora de seguros por alegada falsificación de firmas y préstamos duplicados en contratos de financiamiento de pólizas de seguros para condominio, fue presentada en febrero del 2020 y pasados once meses se desconocen sus conclusiones.
Incluso, en entrevista con este periodista, el portavoz de los empleados de la OCS, quien solicitó que su nombre se mantuviera en confidencialidad, reveló los empleados consideran acudir a la fiscalía federal con determinadas imputaciones, alegadamente, sobre decisiones presuntamente ilegales que habrían tomado Rivera Ríos o Cestero Lopategui.
Incluso, la denuncia revela que tanto Rivera Ríos como Cestero Lopategui ordenaron que se aprobaran productos que no cumplían con los requerimientos establecidos en el Código de Seguros y las Cartas Normativas vigentes, lo que provocó la renuncia de algunos directores de divisiones de la agencia.
EyBoricua.com supo que Miriam Ortiz Rodríguez, supervisora de la División de Análisis Actuarial de la OCS, renunció a su cargo luego de que se ordenara la aprobación de un producto que fue descalificado por su división.
Otro señalamiento es que tanto Rivera Ríos como Cestero Lopategui han avalado la aprobación de licencias a individuos y empresas, aún cuando impliquen violaciones al Código de Seguros.
“En cuanto al otorgamiento de licencias a individuos y a empresas, la administración de este cuatrienio ha dado órdenes de concederlas aún cuando llevar a cabo tal acción contravenga artículos del Código de Seguros de Puerto Rico”, indica la denuncia.
Además, la denuncia señala que la ineptitud de algunos funcionarios que ocupan posiciones directivas en la agencia han causado un estado de mediocridad inaceptable para una agencia que tienen la responsabilidad de fiscalizar la industria de seguros, por lo que “estimamos absolutamente necesario que los funcionarios de la administración actual sean despedidos de sus puestos por ineptitud en el ejercicio de sus funciones”.
Estos funcionarios son Cestero Lopategui, la Comisionada Auxiliar de Servicios, María Marín, y el asesor legal de la agencia, Alexander Adams.
Adams figura como imputado en una demanda por $30 millones en daños que radicó en el Tribunal Federal de San Juan, Víctor Salgado, expresidente de la aseguradora Integrand. La demanda, presentada contra varios funcionarios de la OCS en su carácter personal, también incluye a Rivera Ríos y a Cestero Lopategui.
“Hay aseguradores, compañías e individuos que han sometido consultas a la OCS que no han sido atendidas debido a que la administración actual no tiene los conocimientos ni el expertise para poder emitir una opinión. Ante tan alto nivel de mediocridad, el ánimo de los empleados en la oficina está por el piso, ya que no hay directriz y las personas mencionadas no consultan a las personas con experiencia de años en la OCS”, indica la denuncia recibida en EyBoricua.com.
La denuncia sostiene que los auditores de la OCS ha efectuado auditorías con recomendaciones puntuales sobre la condición financiera de determinadas compañías de seguros que no han sido atendidas ni por Rivera Ríos ni por Cestero Lopategui, lo que anticipa que en el futuro inmediato en esas aseguradoras podrían aflorar dificultades financieras que afectarían a los asegurados y al mercado general de seguros del país.
La denuncia de los empleados de la OCS también alertó sobre los efectos adversos en la condición financiera de las aseguradoras que causará la Carta Normativa CN-2019-247, emitida por Rivera Ríos el pasado 30 de enero de 2019. Según la denuncia, la citada carta normativa introdujo cambios en la reserva de pérdidas de seguro catastrófico que no favorecen el interés público que cobija a las aseguradoras.
“Dicha carta pone en peligro la condición financiera de las compañías de seguros”, indica la denuncia. Alegadamente, los cambios en la reserva catastrófica fue una decisión promovida por las aseguradoras, según indicó el portavoz de los empleados de la OCS.
La denuncia también señala que la falta de personal en la OCS impide cumplir con los términos legales para atender las querellas y evaluar contratos de seguros, lo que afecta a las compañías de seguros y a los asegurados.
“Ante tal situación, tanto el comisionado anterior, como el comisionado actual, Rafael Cestero Lopategui, no han mostrado ningún tipo de interés en resolverla”, concluye la denuncia.
