Empleados del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) expresaron este lunes su preocupación sobre una posible ley que podría poner en riesgo la protección del patrimonio documental en el Archivo General si no se implementa con responsabilidad, planificación y recursos adecuados.
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
SAN JUAN, Puerto Rico – Otra vez en peligro los documentos de la historia antigua y contemporánea en Puerto Rico. Empleados del Instituto de Cultura Puertorriqueña advirtieron que una medida que evalúan los legisladores pone en riesgo la protección del patrimonio documental de la isla.
Se trata de un proyecto de ley número 1 de la Cámara de Representantes, que busca derogar la ley 5 de 1955. La medida ha sido presentada como un paso hacia la modernización, pero los empleados del ICP advierten que pone en riesgo la protección del patrimonio documental si no se implementa con responsabilidad, planificación y recursos adecuados.
“No se puede hablar de modernización si no se asignan los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios necesarios. Derogar una ley sin tener esos elementos claros es comprometer el futuro del patrimonio documental del país”, afirmó Marisel Flores Carrión, presidenta del Capítulo de ProSol en el ICP, Sindicato que representa a los empleados.
Uno de los mayores retrocesos señalados por el sindicato es que el proyecto elimina la protección legal a los documentos producidos por las ramas Legislativa, Judicial y la Oficina del Contralor, los cuales sí están amparados bajo la actual Ley 5, aun cuando no estén formalmente incorporados al antiguo Programa de Administración de Documentos Públicos (PADP).
Flores Carrión reconoció que el proyecto incluye propuestas valiosas, como la creación de un Sistema de Archivos Históricos Públicos, divisiones especializadas para la conservación documental y el impulso a la digitalización. También reorganiza el PADP, actualmente sostenido por una sola persona para servir a más de 120 agencias y 78 municipios.
Sin embargo, advirtió que “la medida carece de asignaciones presupuestarias, personal técnico, infraestructura y recursos para conservar formatos obsoletos, lo cual pone en entredicho su viabilidad real”.
“El proyecto no define claramente los requisitos profesionales para los nuevos puestos, lo que abre la puerta al desplazamiento de personal capacitado y con experiencia. Además, cesa la exigencia de derechos de autor como criterio para custodiar materiales audiovisuales, lo que pone en riesgo futuras donaciones y puede limitar el acceso público”, explicó Flores Carrión.
El Capítulo de ProSol-UTIER en el ICP sostiene que la transformación del Archivo Histórico es necesaria, pero debe realizarse con una planificación efectiva y garantizando los recursos que permitan una implementación responsable y sostenible.
“Haciendo las cosas bien se pueden lograr los cambios y la transformación que el Archivo necesita, pero eso solo es posible si se reconoce la pericia del personal existente y se realiza una reclasificación justa, con participación activa de quienes ya ejercemos estas funciones con conocimiento técnico”, puntualizó.
Además, Flores Carrión destacó que “en un análisis comparativo entre la Ley 5 de 1955 y el Proyecto 17, entendemos que la ley vigente podía ser enmendada. Los principales problemas en su aplicación se deben a la falta de recursos humanos, presupuesto y voluntad administrativa, no a defectos inherentes de la ley. Por eso, catalogarla como obsoleta es una visión equivocada que ignora su potencial”.
ProSol-UTIER ya solicitó una reunión formal con la Gobernadora, Jennifer González, para presentar sus observaciones antes de que el proyecto sea convertido en ley.
“Exhortamos a la Primera Ejecutiva a detener su firma hasta que se revisen y fortalezcan los elementos esenciales para una implementación justa, planificada y sostenible. No se trata de frenar el cambio, sino de evitar que ese cambio desmantele lo que tanto esfuerzo ha costado construir. Quienes trabajamos con documentos, cintas, fotografías, películas y archivos digitales sabemos lo que está en juego. Esas voces —las de quienes cuidan nuestra historia todos los días— también deben ser escuchadas”, concluyó Flores Carrión.
