San Juan, 27 abr (EFE News) – La presidenta de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares, Nelly Ayala, aclaró que la decisión de mantener cerradas esas instalaciones es del Gobierno y no de los trabajadores, como se ha transmitido desde algunos sectores.
«Nosotros solo levantamos una bandera, en términos de seguridad, ya que la mayoría de los empleados son personas mayores de 50 años, algunos con su salud comprometida», explicó la líder sindical.
Ayala dijo que envió una carta a la gobernadora, Wanda Sánchez, a tales efectos, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hiciera la petición de abrir los comedores.
Recalcó que la decisión de no abrir los comedores fue del Gobierno y que no es un capricho de los empleados, además de indicar que es la orden ejecutiva la que no contempla el servicio de comedores escolares como uno esencial por el riesgo de contagio que representa, tanto para los empleados como para los niños, como ha ocurrido en otras jurisdicciones de Estados Unidos.
Consideró como vicioso e irresponsable el ataque por parte de algunos sectores a la asociación y volvió a reiterar que ellos, como organización, no toman las decisiones.
«Algunos de nuestros empleados pudieran están disponibles, lo que yo planteo es que se deben tomar medidas estrictas de seguridad con ese personal. Nosotros tenemos un plan con algunas sugerencias que estamos dispuestos a discutir con el Departamento de Educación», añadió.
«Me entristece y molesta que digan que los empleados de comedores no quieren trabajar y que se le está pagando mientras están en sus casas cuando no es cierto, pero se olvidan que para los pasados huracanes y terremotos cuando gran parte de los empleados estaban en sus casas cobrando los empleados de comedores estaban brindando alimentos a los refugiados y de eso parece que nadie se acuerda», destacó.
«Siempre hemos estado presente para todas las emergencias, pero esta ocasión nos quieren poner en riesgo y no veo que hablen cuales son las garantías para evitar un contagio», sostuvo.
Ayala manifestó que entre las sugerencias está el que se convoque a aquellos empleados que no tengan su salud comprometida, que se le haga la prueba de detección del COVID-19 a todos los que se presenten a trabajar y que el Departamento (DE) provea, con otro personal, un protocolo de distribución de los alimentos luego de confeccionados.
También expresó que entiende que no es necesario abrir todos los comedores escolares que hay en la isla y que se debe crear un registro de solicitud de los servicios de alimentos por municipios mediante número de teléfono y enlace por internet para saber a quiénes y cuántas raciones se tendrán que confeccionar.
«Los empleados de comedores escolares siempre han dicho presente en todas las emergencias y lo han demostrado, pero en esta ocasión hay un problema serio de seguridad personal que hay que tener en cuenta. No solo por los empleados sino también por los niños que consumirán esos alimentos», concluyó.
